Un escándalo sacude al control migratorio del principal aeropuerto de España. Un agente del Cuerpo Nacional de Policía, encargado del segundo filtro de entrada al país en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ha sido detenido y puesto en prisión provisional tras ser acusado de cobrar a ciudadanos extranjeros a cambio de autorizar su ingreso a territorio español.
Según la investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid, el funcionario exigía dinero en efectivo a los viajeros a los que debía evaluar, condicionando la validación de sus documentos y requisitos legales a la entrega de sumas económicas que oscilaban desde los 100 euros diarios hasta montos mucho mayores. El caso salió a la luz luego de que se presentaran al menos cuatro denuncias formales que alertaron sobre esta práctica irregular.
El agente operaba en el segundo control migratorio, una fase decisiva en la que se comprueba si los documentos presentados son válidos y si el pasajero dispone de medios económicos suficientes, uno de los criterios habituales para admitir la entrada a España en vuelos procedentes de fuera del espacio Schengen. No sólo cobraba a los pasajeros, sino que, según fuentes judiciales citadas por el diario ABC, manipulaba registros oficiales para borrar de la base de datos a personas inicialmente inadmitidas, encubriendo así sus actos de coacción.
La Unidad de Asuntos Internos del cuerpo fue la encargada de la operación, tras reunir declaraciones de testigos e indicios suficientes para detener al agente en su puesto de trabajo. Actualmente se encuentra en prisión provisional y la Fiscalía ha solicitado la conclusión de la fase de instrucción para que el caso pase a ser juzgado por un jurado popular.
El delito imputado es el de cohecho, penado en el Código Penal español con entre tres y seis años de cárcel, y definido como la conducta de una autoridad o funcionario público que «solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o presente, o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo».
Este tipo de hechos empañan gravemente la imagen del control migratorio español y generan un profundo malestar tanto entre los ciudadanos como entre los propios cuerpos de seguridad, cuya legitimidad se ve erosionada por actos individuales de corrupción. Además, plantea serias dudas sobre los mecanismos internos de supervisión en aeropuertos con alto volumen de tránsito internacional, como es el caso de Barajas.
La elección de víctimas hispanohablantes por parte del agente, con el fin de evitar traductores y minimizar riesgos, refleja una actuación calculada y selectiva, aprovechando la vulnerabilidad de quienes intentan ingresar al país por motivos familiares, laborales o de refugio.
Este caso pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de control interno en las instituciones encargadas de aplicar la ley en los puntos fronterizos, garantizar la protección de los derechos de los viajeros, y asegurar que no existan espacios para la impunidad dentro de las fuerzas del orden.
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