En Londres, el Tribunal de Apelación está examinando el caso del Banco Nacional de Cuba (BNC) respecto a una deuda de aproximadamente 78 millones de dólares. La controversia, que implica al fondo de inversión CRF I Limited, se centra en el reclamo de este último sobre créditos otorgados en la década de 1980. La entidad cubana sostiene que CRF, con sede en las Islas Caimán y etiquetado por algunos como «fondo buitre», no posee legitimidad como acreedor de dicha deuda.
El litigio, que se inició a finales de enero de 2023, deriva de dos préstamos que Cuba concertó en 1984 con Crédit Lyonnais y L’Istituto Bancario Italiano, con el BNC como garante. A pesar de que Fidel Castro declaró la deuda como «impagable» en 1987, un cambio en la política de deuda bajo Raúl Castro en 2006 llevó a un eventual reconocimiento de las obligaciones financieras pendientes, las cuales están regidas por la ley inglesa.
El BNC, que anteriormente funcionaba como el Banco Central de Cuba hasta su transformación en 1997, ha continuado manejando el registro y servicio de esta deuda. Durante el proceso judicial, la entidad ha reiterado su compromiso con el respeto y el diálogo hacia los acreedores legítimos, excluyendo a entidades que considera no relacionadas con sus operaciones financieras originales.
La jueza británica Sara Cockerill previamente otorgó una decisión que favoreció al BNC, al establecer que el acreedor legítimo es el banco y no la República de Cuba. Sin embargo, esta decisión técnica no altera la situación subyacente, ya que la deuda sigue siendo responsabilidad de las instituciones estatales cubanas.
CRF I Limited, por su parte, ha expresado que su intención al llevar el caso a los tribunales es motivar a Cuba a negociar la deuda, tras ignorar varias propuestas de reestructuración en la última década. El fondo afirma estar todavía dispuesto a dialogar para encontrar una resolución al conflicto.
