WASHINGTON, EE.UU. — Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez han expresado preocupación ante intentos de entrada a Estados Unidos por parte de ciertos funcionarios del gobierno de Cuba involucrados en actos represivos. A través de una carta dirigida a los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, los legisladores resaltaron la situación de individuos como la fiscal Rosabel Roca Sampedro, quien ha participado en procesos judiciales contra manifestantes en la isla.
🚨#ULTIMAHORA | Junto a @RepCarlos y @RepMariaSalazar, enviamos una carta a los Secretarios Blinken y Mayorkas expresando nuestra indignación sobre operativos del régimen cubano y abusadores de derechos humanos, como la fiscal Rosabel Roca Sampedro, que buscan ingresar a EE.UU.… pic.twitter.com/ffeU7XE5qe
— Mario Díaz-Balart (@MarioDB) June 13, 2024
Los congresistas destacaron la necesidad de un análisis exhaustivo de los antecedentes de quienes solicitan ingresar a Estados Unidos, con el fin de prevenir la entrada de personas asociadas a violaciones de derechos humanos. «Es imperativo asegurar que no se permita la entrada a nuestro país a aquellos que han comprometido derechos fundamentales», indicaron en la carta.
La misiva también cita la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos, que otorga a Estados Unidos la autoridad para denegar visas a individuos implicados en abusos graves de derechos humanos. Los congresistas instaron a una aplicación rigurosa de esta ley para evitar que tales individuos aprovechen las libertades que ofrece el sistema estadounidense.
El documento resalta el caso de la jueza Melody González Pedraza, quien recientemente enfrentó una audiencia de asilo en EE.UU. tras haber estado involucrada en juicios controvertidos en Cuba. Actualmente, se encuentra detenida en Florida, lo que subraya la necesidad de un escrutinio meticuloso en los procesos de asilo y entrada al país.
Los congresistas enfatizaron la importancia de mantener una política estricta que impida que funcionarios implicados en acciones represivas se establezcan en territorio estadounidense, asegurando que Estados Unidos no se convierta en un refugio para quienes han infringido los derechos humanos.
