MATANZAS, CUBA. — Tres ciudadanos cubanos fueron condenados a 15, 14 y 8 años de prisión por sustraer aceite dieléctrico de transformadores eléctricos en la provincia de Matanzas. Los hechos, ocurridos entre 2024 y 2025, provocaron daños en instalaciones eléctricas y apagones que afectaron a más de mil clientes, según informó el periódico provincial Girón.
De acuerdo con la publicación oficial, los acusados participaron en la extracción ilegal de aceite utilizado para el aislamiento y la refrigeración de transformadores. La pérdida de este líquido puede provocar sobrecalentamientos y daños graves en los equipos, comprometiendo su funcionamiento y ocasionando interrupciones del suministro eléctrico.
Las acciones atribuidas a los condenados dejaron comunidades matanceras sin electricidad durante varios días, en medio de la crisis energética que atraviesa Cuba. Más de mil clientes resultaron afectados, según la información divulgada, aunque no se precisó el costo económico total de los daños ni el tiempo necesario para recuperar completamente las instalaciones.
El tribunal consideró que los hechos constituían delitos de sabotaje, una calificación penal que dio lugar a condenas de considerable duración. Uno de los sancionados tenía apenas 18 años cuando ocurrieron los hechos, una circunstancia que llama la atención por la severidad de las penas impuestas.
El juicio se celebró públicamente en una casa de cultura del municipio de Jagüey Grande, en lugar de desarrollarse exclusivamente dentro de una sede judicial. Las autoridades presentaron la audiencia como una medida ejemplarizante para advertir sobre las consecuencias de los delitos que afectan instalaciones de importancia para la población.
El robo de componentes y materiales de la infraestructura eléctrica representa un problema especialmente grave en las actuales condiciones del país, donde las averías, la escasez de recursos y las dificultades para reparar equipos contribuyen a prolongar los apagones. No obstante, la gravedad de los daños no elimina la necesidad de garantizar procedimientos judiciales transparentes, proporcionalidad en las sanciones y pleno respeto al derecho de defensa de los acusados.
Hasta el momento, no se han divulgado en la información proporcionada detalles sobre posibles recursos de apelación ni sobre si las sentencias son firmes. El caso vuelve a situar en el debate público tanto la protección de la infraestructura eléctrica como la aplicación de penas elevadas por delitos relacionados con su deterioro, en un contexto de creciente presión sobre el Sistema Electroenergético Nacional.
Fuente: Periódico Girón, Matanzas.
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