Un tribunal federal en Miami condenó al empresario cubano Boris Arencibia, de 52 años, a 57 meses de prisión por su implicación en una red criminal dedicada a la comercialización de medicamentos falsificados, desviados y mal etiquetados, un esquema cuyo valor superó los 28 millones de dólares y que puso en riesgo directo la salud de miles de pacientes en Estados Unidos.
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, Arencibia formó parte de una organización que obtenía medicamentos recetados a través de canales ilegales, incluidos fármacos utilizados en tratamientos contra el VIH y el cáncer. Parte de los productos eran adquiridos a pacientes, mientras otros se conseguían mediante recetas fraudulentas, para luego ser almacenados sin condiciones sanitarias ni control de temperatura, lo que comprometía su seguridad y eficacia.
Las autoridades federales detallaron que los medicamentos eran posteriormente re-envasados, con etiquetas, números de lote y documentación falsificada, con el objetivo de simular su origen legal y colocarlos en farmacias de distintos estados. Durante la investigación, se encontraron envases que contenían pastillas incorrectas, vitaminas en lugar de fármacos recetados, medicamentos distintos a los indicados e incluso objetos ajenos, lo que elevó el riesgo para los pacientes que los consumieron sin saber su verdadero origen.
En el mismo proceso judicial también fue sentenciado José Armando Rivera García, de 45 años, quien actuaba como socio dentro del entramado delictivo. Ambos se declararon culpables en dos causas federales separadas, aunque vinculadas a la misma estructura criminal. En el primer caso, iniciado en 2019, las autoridades desmantelaron una conspiración con una veintena de acusados, cuyas condenas oscilaron entre 30 meses y 14 años de prisión. Arencibia fue identificado como uno de los principales proveedores del mercado negro, mientras Rivera García utilizó una empresa mayorista para introducir los productos en la cadena comercial.
Tras quedar bajo supervisión, ambos retomaron la actividad ilícita mediante una nueva distribuidora, repitiendo el mismo patrón de documentación falsa y distribución fraudulenta. Por este segundo esquema recibieron condenas adicionales, aunque el tribunal ordenó que las penas se cumplieran de forma concurrente, lo que fija la sanción efectiva en menos de cinco años de prisión.
La investigación fue llevada a cabo por la Oficina de Investigaciones Criminales de la FDA, el FBI y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y estuvo a cargo de fiscales federales especializados en delitos sanitarios. Desde la Fiscalía se subrayó que la introducción deliberada de medicamentos contaminados o falsificados en el sistema de salud constituye un grave atentado contra la vida de los pacientes.
Boris Arencibia, nacido en Pinar del Río en 1973, fue una figura conocida antes de su caída judicial. Siete veces campeón nacional de judo en Cuba, desertó en la década de 1990 y llegó a competir al más alto nivel en Estados Unidos. Tras retirarse del deporte, se reinventó como empresario y promotor cultural en el sur de Florida, aunque su trayectoria pública estuvo marcada por controversias y escándalos que precedieron a esta condena federal.
El caso pone de relieve los riesgos que representan las redes ilegales de medicamentos y la necesidad de controles estrictos para proteger la salud pública, especialmente cuando se trata de tratamientos destinados a pacientes vulnerables.
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