El segundo proceso judicial contra el exministro de Economía de Cuba, Alejandro Gil Fernández, finalizó este sábado en el Tribunal Municipal de Marianao en un ambiente marcado por la falta de información pública y la ausencia de prensa independiente o extranjera. A diferencia del juicio por espionaje celebrado semanas atrás —en el que la Fiscalía solicitó cadena perpetua— esta audiencia se centró en presuntos delitos económicos, entre ellos malversación, evasión fiscal, tráfico de influencias y lavado de activos.
De acuerdo con información reportada por el periodista Mario Pentón, las autoridades no han revelado la identidad de los otros acusados vinculados al caso, lo que ha generado preocupación entre familiares del exministro. Los hijos de Gil Fernández solo pudieron asistir al proceso tras firmar acuerdos de confidencialidad, mientras que su hermana, María Victoria Gil, denunció la existencia de una “opacidad absoluta” en torno al juicio.
Según su testimonio, el exministro habría reconocido ciertos hechos, aunque la familia insiste en que está siendo utilizado como “chivo expiatorio” y que otros implicados no han sido incluidos en el expediente. María Victoria también afirmó que el presidente Miguel Díaz-Canel compareció como testigo de cargo, gesto que calificó como una “traición”, sugiriendo que el caso podría estar motivado por intereses internos afectados tras la polémica Tarea Ordenamiento.
Entre los temas tratados durante la audiencia estuvo la posible confiscación de la vivienda del exministro en Miramar, aunque no se conocen decisiones finales. El proceso continúa envuelto en hermetismo, sin información oficial sobre los próximos pasos judiciales ni sobre la sentencia que podría recaer sobre Gil Fernández y los demás involucrados.
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