La Asamblea Nacional aprobó este jueves, por votación nominal y con 440 diputados presentes, una reforma constitucional que elimina el límite de 60 años para aspirar a la Presidencia de la República. La nueva norma exige ahora tener al menos 35 años, estar en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser cubano por nacimiento y no poseer otra ciudadanía. La modificación fue propuesta por el General de Ejército Raúl Castro Ruz.
La medida ha generado amplio rechazo popular en las redes sociales y espacios de opinión. Muchos ciudadanos cuestionan que una reforma de tal envergadura no haya sido sometida a referéndum, rompiendo con un mecanismo democrático que consideran indispensable para decisiones que pueden alterar el rumbo del poder político. #NoSinReferéndum
Adicionalmente, sectores de la opinión pública interpretan este cambio como una maniobra destinada a favorecer la nominación de Roberto Morales Ojeda, actual secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista y miembro del Buró Político. Con 58 años, médico de formación, exministro de Salud, viceprimer ministro y figura clave en la política de cuadros del PCC, Morales Ojeda ha sido señalado como posible sucesor de Miguel Díaz‑Canel. Según 14ymedio y analistas, desempeñó un papel fundamental en \»moldear la cantera\» del partido y en la purga de dirigentes, reforzando su posición como candidato presidencial.
Críticos del gobierno subrayan que la reforma reduce espacios de participación y debate, privilegia los intereses internos del PCC y ahonda el control de la élite sobre la sucesión. Cuestionan la ausencia de consulta ciudadana, señalando que en ocasiones anteriores, como la reforma constitucional de 2019, se realizaron extensos procesos de debate público y referendos.
Por otra parte, voces a favor de abrir paso a una nueva generación han saludado positivamente la eliminación del tope de edad como una oportunidad para activar la participación joven en la política y diversificar la dirigencia del país. No obstante, advierten que sin cambios más profundos en el sistema electoral y partidista, este gesto podría ser meramente simbólico.
En resumen, la reciente reforma constitucional ha polarizado la discusión nacional: por un lado, se ve como una herramienta para una sucesión controlada y sin referéndum; por el otro, se interpreta como una puerta simbólica a la juventud. El verdadero alcance de la modificación dependerá de si las autoridades optan por incluir a nuevas generaciones en puestos de poder o si, por el contrario, consolidan a un grupo reducido con fuerte control del aparato partidista.
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