Este 11 de julio de 2026 se cumplen cinco años de las históricas protestas del 11-J, cuando miles de cubanos salieron a las calles desde San Antonio de los Baños hasta decenas de ciudades del país para exigir libertad, cambios políticos y mejores condiciones de vida.
Las manifestaciones de 2021 ocurrieron en medio de apagones, escasez de alimentos y medicinas, deterioro económico y un creciente descontento popular. Cinco años después, muchas de aquellas causas no han desaparecido. Por el contrario, la crisis energética se ha profundizado, la inflación ha reducido todavía más el valor de los salarios y conseguir alimentos, agua, combustible o medicamentos se ha convertido en una lucha diaria.
Cuba tampoco permanece en silencio. Aunque no siempre se producen concentraciones nacionales simultáneas como las del 11-J, casi todas las noches se reportan cacerolazos, gritos de protesta y manifestaciones espontáneas en barrios afectados por apagones prolongados. En los últimos meses, vecinos de distintas localidades han salido de sus viviendas para reclamar electricidad, comida y soluciones, mientras el país enfrenta reiterados colapsos del sistema eléctrico.
Cada cacerolazo demuestra que el descontento no terminó en julio de 2021. Las protestas actuales suelen ser más pequeñas, dispersas y breves, pero responden a las mismas carencias que llevaron a miles de personas a ocupar las calles hace cinco años.
El aniversario también obliga a recordar a quienes fueron detenidos y condenados después de aquellas jornadas. Organizaciones de derechos humanos estiman que entre 1.000 y 1.500 personas fueron encarceladas desde las protestas de 2021, muchas de ellas con extensas condenas. Aunque algunos manifestantes han sido excarcelados, cientos continúan en prisión o sometidos a vigilancia, restricciones y amenazas de regresar a la cárcel.
Justicia 11J informó recientemente que 338 personas permanecían encarceladas por su participación en las protestas de julio de 2021, dentro de un registro más amplio de presos por razones políticas. Las autoridades cubanas sostienen que los condenados cometieron delitos como desórdenes públicos, desacato, resistencia o daños a la propiedad, mientras familiares y organizaciones independientes denuncian sentencias desproporcionadas y procesos sin suficientes garantías.
Muchos de aquellos jóvenes perdieron años de su vida en prisión únicamente después de salir a reclamar derechos, alimentos, electricidad y un futuro diferente. Otros fueron liberados bajo condiciones, permanecen vigilados o terminaron abandonando el país como consecuencia de la presión estatal.
Cinco años después, el 11-J no pertenece solamente al pasado. Está presente en cada madre que continúa esperando la liberación de su hijo, en cada familia separada por el exilio y en cada barrio que golpea cazuelas durante una noche sin electricidad.
Las calles cubanas quizá no se llenen todos los días con multitudes de la magnitud de 2021, pero las protestas continúan. El malestar permanece y los presos del 11-J siguen siendo el recordatorio más doloroso del precio que muchos cubanos han pagado por exigir cambios.
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