La página Héroes de Azul en Cuba ha publicado una defensa del proceso judicial contra Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente, invocando la protección de la intimidad de un funcionario policial. Sin embargo, su explicación omite circunstancias esenciales del caso: fueron los agentes quienes acudieron a la vivienda de ambas mujeres para entregar una citación de la Seguridad del Estado, y fue durante esa actuación oficial cuando se realizó la grabación. No se trató de una visita de las acusadas a una estación policial para filmar a sus funcionarios.
La distinción resulta fundamental. El artículo 393 del Código Penal cubano protege la intimidad y la propia imagen, pero exige demostrar los elementos específicos del delito, incluido el propósito de afectar los derechos protegidos. La ausencia de consentimiento no demuestra, por sí sola, la existencia de responsabilidad penal. Documentar la actuación de un agente público en la puerta del propio domicilio plantea cuestiones de interés público que deben examinarse junto con los derechos individuales del funcionario.
La publicación también utiliza la difusión del video en redes sociales como argumento para justificar una posible agravante. Sin embargo, el apartado tercero del artículo 393 se refiere expresamente a los hechos contemplados en su apartado segundo, relativos a determinados datos personales protegidos en registros, archivos y bases de datos. No establece que publicar cualquier grabación policial en Facebook constituya automáticamente un delito agravado.
Existe otra contradicción: la legislación cubana reconoce garantías que la publicación no menciona. El artículo 54 de la Constitución protege la libertad de expresión; el 94 garantiza el debido proceso y el acceso a un tribunal independiente e imparcial; y el 95 establece la presunción de inocencia. Esas disposiciones también amparan a quienes expresan públicamente discrepancias con las autoridades. Presentar como demostrada una conducta delictiva antes de que exista una sentencia firme resulta incompatible con esa última garantía.
El proceso ha despertado preocupación entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión. El Observatorio Cubano de Libertad de Expresión, vinculado al ICLEP, ha denunciado el caso como una vulneración de ese derecho. A ello se suman los reportes sobre medidas de vigilancia y restricciones denunciadas por activistas en las horas previas al juicio. Estas circunstancias amplían el debate sobre las garantías con las que se desarrolla el procedimiento y justifican un examen público particularmente riguroso.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada con el voto favorable de Cuba, reconoce en sus artículos 10, 11, 12 y 19 el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, la protección de la privacidad y la libertad de expresión. Ninguno de estos principios debe examinarse aisladamente. La protección de la imagen de un funcionario no elimina la necesidad de valorar el contexto de su actuación ni los derechos de las personas que lo grabaron.
Anna Bensi y Caridad Silvente se han convertido en figuras de una controversia que trasciende su situación personal: el derecho de los cubanos a documentar las actuaciones del poder público. Para sus seguidores y las organizaciones que las acompañan y para Cubaherald, madre e hija representan la resistencia ciudadana frente a las restricciones de expresión.
Estamos con Anna Bensi, su mamá y el pueblo de Cuba también, compartiendo el peso de su lucha y reafirmando que la solidaridad no conoce fronteras cuando la dignidad y la justicia humana alzan la voz.
Fuentes: Código Penal cubano, Constitución de la República de Cuba, Declaración Universal de Derechos Humanos, ICLEP, CubaNet y 14ymedio.
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