La reacción generada tras la intervención del diputado Emilio Interián Rodríguez en la Asamblea Nacional ha estado marcada por una estrategia de desacreditación personal más que por un debate sustantivo sobre los argumentos expuestos. Luego de que el legislador defendiera el papel de las mipymes y señalara ineficiencias del modelo productivo estatal, una serie de publicaciones en redes sociales se enfocaron en cuestionar su figura antes que el contenido de sus planteamientos.
Diversos perfiles alineados con posiciones oficiales y comentaristas habituales trasladaron el eje de la discusión hacia la legitimidad del diputado, su trayectoria y supuestas motivaciones, evitando confrontar directamente las observaciones económicas formuladas en el pleno. El patrón predominante fue el ataque al mensajero, no la evaluación de las propuestas o del diagnóstico presentado.
En medio de ese contexto, la periodista Ana Teresa Badía defendió públicamente la intervención, subrayando que reconocer problemas de gestión y productividad no equivale a deslealtad, sino que forma parte de la responsabilidad de un representante público. Su postura contrastó con la narrativa dominante en redes, centrada en desautorizar al legislador.
El episodio pone de relieve una dinámica recurrente en el debate público: cuando surgen voces que plantean críticas desde espacios institucionales, la respuesta tiende a orientarse a erosionar la credibilidad del emisor en lugar de contrastar ideas. Así, la discusión sobre la situación productiva y las posibles vías de mejora quedó desplazada por un intercambio de carácter político-personal.
Más que una controversia económica, lo ocurrido evidencia la intención de deslegitimar a un diputado por expresar de forma directa preocupaciones ampliamente compartidas por la población. El énfasis en el descrédito sugiere que el costo no está en el diagnóstico en sí, sino en haberlo formulado públicamente.
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