Durante una sesión reciente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se produjeron movimientos relevantes en la estructura institucional cubana que abarcan el Consejo de Estado, la dirección del Parlamento y el sistema judicial. Aunque las decisiones fueron presentadas oficialmente como procedimientos administrativos ordinarios, su alcance y coincidencia temporal han despertado preguntas sobre el trasfondo y los criterios que las motivan.
Según informó la prensa estatal, el Consejo de Estado aceptó las renuncias de Homero Acosta Álvarez a su condición de diputado y a su cargo como secretario de la Asamblea Nacional, así como las de Ulises Guilarte de Nacimiento y Ricardo Rodríguez González como miembros de ese órgano. En ninguno de los casos se ofrecieron explicaciones públicas detalladas sobre las razones de estas salidas ni sobre su impacto institucional inmediato.
En la misma jornada, el presidente Miguel Díaz-Canel presentó ante el Parlamento la propuesta de liberar de sus funciones a Rubén Remigio Ferro como presidente del Tribunal Supremo Popular, cargo que ocupó durante 27 años. Para sustituirlo, se propuso a Oscar Silvera Martínez, hasta ahora ministro de Justicia, mientras que para ocupar ese ministerio fue presentada Rosabel Gamón Verde, quien se desempeñaba como viceministra primera.
El relato oficial enmarcó estas decisiones dentro de los habituales “movimientos de cuadros”, destacando trayectorias profesionales y experiencia institucional de los sustitutos. Sin embargo, no se ofreció un balance público de la gestión de los funcionarios salientes ni se detallaron los motivos específicos que condujeron a estos cambios, pese a tratarse de posiciones clave en el funcionamiento del Estado.
La salida simultánea de figuras relevantes del Parlamento, del Consejo de Estado y del máximo órgano judicial ha sido interpretada por observadores como algo más que un simple relevo administrativo. La falta de información verificable y de rendición de cuentas alimenta la percepción de que se trata de ajustes internos de mayor alcance, cuyos objetivos y consecuencias no han sido explicitados.
Por ahora, los cambios quedan formalmente aprobados, pero persiste un elemento recurrente en la vida institucional cubana: las decisiones de alto nivel se comunican sin explicaciones sustantivas, dejando a la ciudadanía y a los analistas con más preguntas que respuestas sobre el rumbo y las prioridades del poder político.
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