El Primer Ministro de Bahamas, Philip Davis, anunció que su administración ha iniciado conversaciones con el Gobierno de Cuba para atender preocupaciones relativas a la compensación económica de los profesionales cubanos de la salud que prestan servicios en el archipiélago. La declaración se produce tras recientes revelaciones sobre presuntas discrepancias en los pagos que reciben los médicos por su labor en territorio bahameño.
Según ha expresado el jefe de Gobierno, su país se encuentra comprometido con la transparencia y la equidad en los acuerdos de cooperación internacional. En este contexto, reconoció que existen inquietudes legítimas en torno al modelo de remuneración aplicado a los médicos enviados por Cuba, quienes, de acuerdo con informes independientes, perciben apenas una fracción del salario que Bahamas transfiere por sus servicios.
Aunque las autoridades bahameñas no han confirmado ni desmentido los montos exactos revelados por fuentes externas —que señalan que los sanitarios recibirían menos del 20% del total abonado por el Estado receptor—, la apertura del Ejecutivo a revisar el convenio representa un giro significativo en la política de colaboración bilateral.
Uno de los aspectos más controvertidos del programa de brigadas médicas cubanas es el mecanismo mediante el cual los salarios son canalizados. De acuerdo con investigaciones divulgadas recientemente, los pagos no se entregan directamente a los trabajadores, sino que son gestionados por una agencia estatal de la isla. Este modelo ha sido objeto de cuestionamientos por parte de organismos de derechos humanos y gobiernos extranjeros, que argumentan que podría limitar tanto la autonomía financiera como las libertades individuales de los profesionales implicados.
En particular, Estados Unidos ha reiterado su postura crítica sobre estas misiones, instando a los países anfitriones a garantizar que los sanitarios extranjeros reciban su compensación sin intermediarios y con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Washington ha manifestado que seguirá observando de cerca la evolución del caso bahameño, al considerarlo un ejemplo clave dentro de una problemática más amplia que involucra a numerosos países de América Latina y África.
El acuerdo médico entre Cuba y Bahamas, parte de una estrategia más amplia de cooperación sanitaria regional, ha sido históricamente valorado por su impacto en la atención primaria en comunidades con escaso acceso a servicios de salud. No obstante, el debate actual plantea interrogantes sobre la sostenibilidad ética de este modelo, en un momento en que los estándares internacionales en materia de trabajo y derechos humanos cobran renovado protagonismo.
Las gestiones emprendidas por el Gobierno de Nassau podrían marcar un punto de inflexión en el tratamiento de estos convenios. Mientras se avanza en el diálogo con las autoridades cubanas, crece la expectativa sobre posibles reformas que aseguren una distribución más justa de los recursos y un mayor reconocimiento a la labor de los profesionales que, en condiciones a menudo adversas, sostienen uno de los pilares más visibles de la diplomacia médica de la isla.
