LA HABANA.— La organización Bienestar Animal Cuba (BAC) publicó un extenso artículo en el que sostiene que el caso de la clínica veterinaria Mascolive sería “mucho más grave” de lo que inicialmente se percibía, al señalar presuntos vínculos entre la dirección de la entidad y estructuras históricas del poder estatal cubano.
Según la investigación divulgada por BAC, tras meses de indagaciones internas y el cruce de información aportada por personas con conocimiento directo del funcionamiento del entramado, Mascolive no operaría como una clínica privada convencional. El texto plantea que existirían conexiones profundas con antiguos círculos de poder, lo que, a juicio de la organización, explicaría la impunidad sostenida, los privilegios exclusivos y el trato diferenciado que habría recibido la clínica desde su creación.
El artículo menciona específicamente a Norberto Espinosa Carro, identificado como padre del actual director de Mascolive y ex presidente del Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN), una estructura estatal vinculada a la producción y control del sector ganadero y alimentario. BAC señala que ese antecedente situaría a la familia dentro de espacios de poder e influencia en decisiones económicas relevantes del país.
En el contexto del reportaje, BAC recuerda la profunda crisis del sector porcino en años anteriores, oficialmente atribuida a factores externos y escasez, aunque también asociada por investigaciones periodísticas a problemas de gestión y corrupción estructural. Para la organización, ese escenario ayuda a entender cómo Mascolive habría accedido a permisos de importación, equipamiento, medicamentos y tecnología fuera del alcance de otros veterinarios y clínicas en Cuba.
El texto cuestiona por qué, mientras profesionales independientes enfrentan restricciones, decomisos y trabas administrativas, esta clínica habría operado con autorizaciones excepcionales. BAC plantea que en Cuba ningún negocio de ese nivel puede funcionar sin el visto bueno estatal y sugiere la existencia de un modelo híbrido, donde lo privado serviría de fachada para una estructura protegida políticamente.
BAC sostiene que este presunto respaldo explicaría la falta de avance de denuncias, la repetición de patrones de negligencia y la ausencia de sanciones proporcionales, pese a la acumulación de quejas, muertes de animales y testimonios de clientes afectados. En su análisis, la responsabilidad no recaería únicamente en el personal clínico, sino que ascendería hacia un entorno familiar, institucional y, finalmente, estatal.
El caso vuelve a poner en el centro del debate público la transparencia en el funcionamiento de las clínicas veterinarias, el marco real de las actividades privadas en Cuba y el alcance de las responsabilidades institucionales cuando se denuncian irregularidades con consecuencias sociales y profesionales.
Nota: Este reporte se basa exclusivamente en los hallazgos publicados por Bienestar Animal Cuba. En nuestro compromiso con la precisión, hemos intentado contactar a la clínica implicada a través de varios correos electrónicos para contrastar los datos, pero aún aguardamos por una respuesta oficial.
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