LA HABANA.— Autoridades cubanas realizaron un amplio operativo contra transportistas privados y conductores sin autorización en varios puntos de Centro Habana, en medio de una prolongada crisis del transporte público que continúa afectando diariamente a miles de ciudadanos.
La acción fue desplegada por fuerzas de Tránsito, la Policía, el DTI, jefes de sector e inspectores de la Dirección de Inspección en zonas como Industria y Neptuno, el Parque El Curita, la piquera de Guanabacoa y la avenida Galiano con su Boulevard.
Según la información divulgada por las autoridades, durante el operativo fueron detenidos varios conductores que prestaban servicios de transporte privado sin autorización, conocidos popularmente como vehículos que “botean”, así como conductores de bicitaxis y motociclistas que presuntamente carecían de licencia.
Las autoridades aseguraron además que algunos de los conductores intervenidos estaban cobrando tarifas por encima de las establecidas. Durante el procedimiento fueron ocupados aproximadamente 1,5 millones de pesos cubanos, aunque hasta el momento no se ha precisado públicamente el origen exacto de todo ese dinero ni la situación legal de las personas a quienes les fue incautado.
Como resultado del operativo se impusieron 22 multas: dos de 8.000 pesos, tres de 500 pesos y otras 17 de 16.000 pesos, de acuerdo con diferentes disposiciones administrativas citadas por las autoridades.
También fueron decomisadas tres bocinas con reproductores y el tubo de escape de una motocicleta, debido a supuestas violaciones relacionadas con ruido excesivo y contaminación sonora en la vía pública.
El operativo vuelve a poner en evidencia la tensión entre el control estatal sobre el transporte privado y una realidad que afecta a numerosos cubanos: la insuficiencia del transporte público, la escasez de combustible, la reducción de rutas y las largas esperas para desplazarse dentro de la capital.
En ese contexto, las medidas contra quienes ofrecen transporte alternativo generan cuestionamientos entre ciudadanos que dependen precisamente de esos servicios ante la incapacidad del sistema estatal para cubrir la demanda.
La discusión de fondo sigue abierta: mientras se multiplican las multas, decomisos y controles, el transporte público continúa sin ofrecer una respuesta suficiente, estable y asequible para buena parte de la población.
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