La reciente divulgación de los precios de los vehículos importados en Cuba por el gobierno ha revelado un sistema de precios altamente complicado y gravoso, que ha despertado un amplio descontento entre los ciudadanos. El esquema, explicado detalladamente por el Ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, muestra una estructura de costes e impuestos que muchos consideran exorbitante y poco realista para el ciudadano medio.
En una serie de publicaciones en redes sociales, Rodríguez presentó dos infografías que intentan aclarar cómo se compone el precio de venta al público de los vehículos importados, utilizando un precio base de 10,000 USD para ilustrar los cálculos. Esta estrategia ha sido vista como una simplificación que, aunque intenta ser educativa, no logra mitigar la impresión de que los precios finales son inalcanzables para muchos.
El precio inicial de cualquier vehículo, que ya incluye costes de flete y seguro, es solo el comienzo. A esto se le añade un 6% por gastos de importación, incluyendo aranceles y servicios aduaneros. Además, los distribuidores en Cuba imponen un margen comercial de hasta el 20%, aumentando aún más el coste. Los impuestos especiales, que varían según el tipo de vehículo, pueden elevar el precio final hasta un 35% adicional para los modelos de alta gama.
Resulta que un auto estándar puede llegar a costar hasta 15,900 USD, solo en impuestos, mientras que un modelo de lujo se dispara a 17,172 USD. Incluso vehículos más modestos como motos y triciclos oscilan entre 14,628 y 15,264 USD, cifras estratosféricas para muchos trabajadores cubanos.
La política fiscal también penaliza a aquellos que deseen adquirir más de dos vehículos con impuestos que se incrementan hasta alcanzar el 100% con la compra del sexto vehículo. Por otro lado, los vehículos eléctricos, aunque exentos de algunos aranceles, enfrentan desafíos debido a la falta de infraestructura adecuada para su operación en la isla.
Las críticas no se han hecho esperar. La justificación de los altos precios ha sido cuestionada por personas de diversas profesiones, desde educadores hasta agricultores, quienes expresan su descontento y frustración ante una política que parece desconectar de la realidad económica de sus vidas. Una profesora de secundaria comentó en las redes sociales que, con estos precios, «solo los sueños de tener un coche propio permanecen, mientras la realidad se aleja cada vez más.»
Este debate llega en un momento en que el gobierno ha permitido la importación de vehículos a cubanos en misiones internacionales, incluyendo a personal médico y diplomático, una medida que parece apuntar a ciertos privilegios para unos pocos mientras la mayoría enfrenta barreras prohibitivas.
Es evidente que el enfoque del gobierno en la obtención de ingresos a través de impuestos y aranceles necesita una reevaluación. No solo se percibe como una estrategia desconectada de la capacidad económica de la mayoría de los cubanos, sino que también plantea preguntas sobre la equidad y la justicia social en la política fiscal del país.
