La inauguración del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», enclavado en los Everglades de Florida, ha desatado una fuerte ola de indignación tras la difusión de un audio telefónico filtrado en el que un recluso describe condiciones degradantes y trato cruel hacia los detenidos.
El complejo, abierto el pasado 1 de julio con la presencia del presidente Donald Trump, el gobernador Ron DeSantisy la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, ha sido blanco de críticas por su infraestructura improvisada, su ubicación remota en un ecosistema frágil y la aparente falta de garantías básicas para quienes se encuentran recluidos.
En la grabación, ampliamente compartida en redes sociales, el detenido denuncia la presencia de alrededor de 400 personas hacinadas, sin acceso a duchas por días, sin ventilación, con las luces encendidas de forma permanente y afectados por plagas de mosquitos. “Aquí no hay agua para beber ni para los inodoros”, afirma. También denuncia la confiscación de objetos personales, incluida su Biblia, y sostiene que “aquí no hay derecho a religión”.
Más grave aún, según su testimonio, muchos de los detenidos tienen documentos legales o residencias, pero desconocen los motivos de su detención. “Somos seres humanos, no somos perros”, clama en un tono de impotencia. La prisión, según él, fue construida en apenas ocho días y “no tiene condiciones para albergar a nadie”.
Ante el impacto del testimonio, el periodista Mario Pentón contactó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que negó que haya habido fallecidos en el centro, aunque no ofreció detalles sobre las condiciones de detención. La respuesta oficial no ha logrado disipar las crecientes preocupaciones de la opinión pública.
El centro ha sido erigido en los terrenos del antiguo Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, y está compuesto por tiendas de campaña rodeadas de pantanos donde abundan caimanes y pitones. Imágenes difundidas tras su inauguración muestran inundaciones dentro de las carpas, producto de una tormenta, lo que refuerza las críticas a su infraestructura precaria.
Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) califican el proyecto de “cruel y absurdo”. Denuncian, además, la falta de acceso a representación legal, el riesgo extremo de calor y la posibilidad de negligencia médica, ya documentada en otros centros de detención. La comunidad indígena Miccosukee, por su parte, ha condenado la afectación ambiental y el uso de tierras consideradas sagradas.
“Alligator Alcatraz” es parte del nuevo enfoque de la política migratoria federal, que incluye un plan de deportaciones masivas y ha incrementado significativamente la capacidad de detención del ICE, que actualmente supera los 58,000 migrantes bajo custodia.
Con una capacidad proyectada de hasta 5,000 personas y un costo anual estimado en 450 millones de dólares, el centro es defendido por las autoridades como una solución “eficiente y de bajo costo”. No obstante, activistas, defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios exigen una investigación independiente y el cumplimiento pleno de los derechos fundamentales de los migrantes.
El audio, las imágenes filtradas y los testimonios de familiares de detenidos coinciden en una misma exigencia: no se trata de impedir procesos legales, sino de exigir condiciones humanas y trato digno.
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