La gobernadora de Villa Clara, Milaxy Yanet Sánchez Armas, enfrenta una serie de denuncias relacionadas con posibles irregularidades en la gestión de su cargo, según reportes difundidos por el medio independiente La Tijera. Estas acusaciones incluyen presunto abuso de poder, conflictos de interés y manejo indebido de recursos públicos.
Controversia tras la destitución de un funcionario
El caso más reciente gira en torno a la destitución de Manuel Hernández Núñez, quien hasta hace poco se desempeñaba como director provincial de Servicios Comunales. Según las denuncias, Hernández habría sido removido de su cargo luego de realizar comentarios privados sobre una supuesta relación personal con la gobernadora, lo que habría derivado en la apertura de una investigación administrativa contra su gestión.
Tras su despido, Hernández habría señalado posibles usos indebidos de bienes estatales vinculados a la familia de la gobernadora. Entre las acusaciones figura el presunto uso de vehículos oficiales para fines personales y el suministro de materiales gubernamentales a una microempresa privada gestionada por un familiar directo de Sánchez Armas.
Alegaciones sobre recursos públicos y conflictos de interés
De acuerdo con el informe de La Tijera, un salón de belleza operado por un familiar de la gobernadora recibiría materiales provenientes de almacenes gubernamentales mediante viajes realizados en vehículos oficiales desde La Habana. Estas prácticas, de confirmarse, podrían constituir un conflicto de interés y un uso inadecuado de los recursos del Estado.
Además, el chofer del exdirector Hernández también estaría bajo investigación, lo que ha generado cuestionamientos sobre la imparcialidad de los procedimientos internos relacionados con estas acusaciones.
Transparencia y confianza en las instituciones
Estas denuncias surgen en un contexto de crecientes tensiones sociales en la isla, donde los ciudadanos enfrentan severos desafíos económicos y limitaciones en el acceso a servicios básicos. Este panorama alimenta las preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las estructuras gubernamentales.
Hasta el momento, ni Sánchez Armas ni el gobierno provincial han emitido declaraciones oficiales para responder a las acusaciones. Sin embargo, las denuncias plantean interrogantes importantes sobre la administración de los recursos públicos en Villa Clara y el manejo ético de las funciones de gobierno.
La ciudadanía y los medios de comunicación continuarán observando de cerca el desarrollo de esta situación, en busca de respuestas que refuercen la confianza en la gestión pública y en las instituciones del país.
