Las nuevas leyes migratorias publicadas por el gobierno cubano han generado fuertes críticas luego de que varios sectores advirtieran que las autoridades podrán impedir la entrada al país a personas consideradas vinculadas a “acciones hostiles” contra el sistema político y social de la isla.
El paquete legal, divulgado en la Gaceta Oficial, amplía las facultades del Estado para restringir el ingreso tanto de extranjeros como de ciudadanos cubanos bajo argumentos relacionados con la seguridad nacional, el orden público y la defensa del sistema.
Aunque las normas no mencionan literalmente “hablar mal de Cuba”, opositores, activistas y periodistas independientes consideran que el lenguaje utilizado es suficientemente amplio para castigar críticas públicas, denuncias internacionales, campañas digitales o expresiones políticas contra el gobierno.
Las regulaciones también permiten aplicar restricciones migratorias prolongadas, deportaciones y medidas administrativas contra personas consideradas una amenaza para los intereses del Estado.
Diversos críticos han señalado que el nuevo marco jurídico podría representar una limitación aún mayor a la libertad de expresión, especialmente para miembros de la diáspora cubana y voces críticas fuera de la isla.
El gobierno cubano sostiene que las medidas buscan proteger la seguridad y estabilidad nacional en medio de un escenario internacional complejo.
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