El Ministerio de Energía y Minas de Cuba oficializó este la comercialización de sistemas de energía fotovoltaica exclusivamente en dólares (MLC), en medio de apagones prolongados que afectan a gran parte del país y elevan la presión social por soluciones energéticas.
La medida, presentada como un mecanismo para captar divisas y sostener el Sistema Eléctrico Nacional, implica que el acceso a una alternativa clave frente a la crisis queda condicionado a disponer de moneda extranjera. Según la tabla de precios divulgada, los sistemas pueden oscilar desde 300 dólares para 0.5 kW hasta 6,000 dólares para 10 kW en contratos a 20 años, cifras que resultan inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos.
En un contexto donde los salarios en Cuba se pagan fundamentalmente en moneda nacional, la decisión ha sido interpretada por numerosos ciudadanos como una desconexión entre las políticas públicas y la realidad económica del país. La brecha entre ingresos y costos coloca estas soluciones energéticas fuera del alcance de amplios sectores, incluso cuando enfrentan apagones diarios.
Aunque las autoridades sostienen que la captación de divisas es necesaria para reparar infraestructuras críticas, el diseño de la medida refuerza un patrón cada vez más visible: servicios o soluciones esenciales que solo pueden ser adquiridos por quienes reciben remesas o tienen acceso a ingresos en divisas.
Más allá del objetivo técnico de fortalecer la generación eléctrica, la decisión abre un debate más profundo sobre equidad, acceso y prioridades económicas, en un momento en que la población enfrenta una de las crisis energéticas más severas de los últimos años.
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