El Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha interpuesto una querella contra el juez Juan Carlos Peinado, acusándolo de prevaricación judicial. Este acontecimiento tuvo lugar el mismo día que el magistrado le tomó declaración a Sánchez en el Palacio de la Moncloa, en relación con la investigación que se lleva a cabo sobre su esposa, Begoña Gómez.
En un encuentro tenso, el presidente Sánchez se acogió a su derecho de no declarar durante la sesión. La querella, avalada y presentada por la Abogacía del Estado, alega que el proceso de toma de declaración contraviene las normativas establecidas, vulnerando las garantías previstas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882.
La defensa legal del presidente argumenta que las acciones del juez Peinado carecen de justificación razonable y rompen con las expectativas legales de cómo debe ser tratado un testigo en su posición, particularmente alguien que ostenta un cargo tan relevante como el de la Presidencia del Gobierno.
Por otro lado, Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez, expresó su preocupación por lo que describió como el carácter «imprevisible» de la instrucción. Aseguró que han observado un cambio inusual en el procedimiento penal, donde testigos son repentinamente tratados como investigados.
El caso que rodea a Begoña Gómez se centra en acusaciones de tráfico de influencias y prevaricación en negocios, elevando la atención mediática y política sobre este asunto. La declaración de Sánchez, aunque breve, marca un precedente al ser la primera vez que un presidente en ejercicio declara ante un juez en relación con una investigación que involucra a un familiar directo.
Este incidente no solo subraya la tensión existente entre el poder ejecutivo y el judicial en España, sino que también plantea interrogantes sobre la influencia política en los procesos judiciales. Mientras tanto, la situación sigue desarrollándose, con la comunidad legal y política observando de cerca los siguientes pasos en este caso controversial.
