Cuba enfrentará este lunes la mayor afectación eléctrica registrada hasta ahora, con una desconexión simultánea cercana al 64 % del territorio nacional, según proyecciones oficiales de la Unión Eléctrica (UNE). La jornada marca un nuevo récord en medio de una prolongada crisis energética que se arrastra desde 2024.
De acuerdo con los datos divulgados por la empresa estatal, en el horario pico de la tarde-noche la capacidad disponible será de apenas 1.185 megavatios (MW) frente a una demanda estimada de 3.180 MW, lo que generará un déficit de 1.995 MW y una afectación planificada de 2.025 MW para evitar un colapso desordenado del sistema.
El precedente más cercano ocurrió el 30 de enero, cuando el máximo nivel de apagones alcanzó el 63 % del país. La cifra actual confirma un deterioro progresivo del sistema eléctrico, con cortes que en varias provincias superan las 20 horas diarias, afectando tanto a hogares como a sectores productivos.
Actualmente, ocho de las 16 unidades termoeléctricas operativas permanecen fuera de servicio por averías o mantenimientos. Estas plantas aportan alrededor del 40 % de la generación nacional y operan mayoritariamente con crudo local, pero su antigüedad y la falta de inversiones sostenidas han reducido su confiabilidad.
Otro 40 % corresponde a la llamada generación distribuida, basada en motores que funcionan con diésel y fueloil. Este segmento permanece prácticamente paralizado desde enero debido a la escasez de combustible, situación reconocida por las propias autoridades.
El Gobierno atribuye el agravamiento de la crisis al endurecimiento de las sanciones estadounidenses y a las limitaciones para importar combustible, describiendo el escenario como una “asfixia energética”. No obstante, especialistas independientes sostienen que el problema responde principalmente a una infrafinanciación estructural del sector eléctrico, bajo control estatal desde 1959, y a la falta de modernización tecnológica.
Diversos cálculos estiman que serían necesarios entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para estabilizar y modernizar el sistema eléctrico nacional, una cifra difícil de asumir en el actual contexto económico.
Los apagones prolongados impactan directamente en el suministro de agua, la conservación de alimentos, el transporte, la actividad industrial y los servicios hospitalarios. En los últimos años, la crisis energética ha sido también detonante de manifestaciones sociales en distintas ciudades del país.
Con información de EFE y RTVE
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