El Gobierno de Estados Unidos anunció el 26 de febrero de 2026 nuevas sanciones contra cinco altos funcionarios nicaragüenses, a quienes acusa de participar en la represión política y consolidación del poder en el país. La medida se enmarca en la política exterior estadounidense hacia la situación política en Nicaragua.
Según el comunicado oficial, Washington responsabiliza a autoridades cercanas al Ejecutivo nicaragüense de abusos contra opositores, restricciones a la sociedad civil y persecución a medios independientes, acciones que —según Estados Unidos— han contribuido a la inestabilidad regional desde 2018.
Las sanciones se aplican bajo disposiciones legales previamente establecidas mediante órdenes ejecutivas federales que permiten restricciones financieras, bloqueo de activos y limitaciones migratorias contra personas vinculadas a violaciones de derechos humanos o amenazas a la seguridad regional.
El comunicado también reiteró la exigencia de liberación inmediata de presos políticos en Nicaragua, una demanda recurrente de Washington y organizaciones internacionales en los últimos años.
El contexto político nicaragüense sigue siendo objeto de atención diplomática en América Latina y Estados Unidos. Analistas consideran que estas sanciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a presionar cambios políticos y limitar el margen internacional del gobierno nicaragüense.
Hasta el momento, las autoridades de Nicaragua no habían emitido una respuesta oficial detallada a estas nuevas medidas, aunque en ocasiones anteriores han rechazado las sanciones calificándolas de injerencia externa.
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