El gobierno cubano aceptó recientemente el ingreso en la isla de migrantes deportados desde Estados Unidos que presentan historial delictivo, una decisión que introduce cambios en la dinámica migratoria entre ambos países tras años de desacuerdos sobre este tipo de repatriaciones.
Autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmaron que el primer vuelo de deportación de 2026 hacia Cuba incluyó personas consideradas no elegibles para permanecer en territorio estadounidense por antecedentes criminales. Aunque las devoluciones de ciudadanos cubanos han ocurrido durante décadas, la aceptación de individuos con condenas graves había sido un punto recurrente de fricción diplomática.
El traslado se efectuó el 9 de febrero y transportó a 170 ciudadanos cubanos, entre ellos 153 hombres y 17 mujeres. Datos oficiales señalan que aproximadamente medio centenar tenía antecedentes penales, algunos vinculados a delitos de alta gravedad como homicidio, secuestro, agresión sexual o tráfico de drogas.
Analistas consideran que este movimiento podría influir en futuras negociaciones migratorias entre Washington y La Habana, especialmente en temas relacionados con deportaciones pendientes y cooperación bilateral. Históricamente, la aceptación de determinados deportados estuvo condicionada por tensiones políticas y diferencias sobre los términos de los acuerdos migratorios vigentes.
Según estimaciones de autoridades estadounidenses, antes de este cambio existían más de 42.000 ciudadanos cubanos en Estados Unidos sin posibilidad efectiva de deportación, situación asociada en parte a la negativa previa de Cuba a recibir a ciertos repatriados. La evolución de esa cifra dependerá ahora de la continuidad de los acuerdos y del contexto político entre ambos países.
El tema migratorio continúa siendo uno de los asuntos más sensibles en la relación bilateral, marcado por factores económicos, sociales y políticos que influyen tanto en los flujos migratorios como en las decisiones gubernamentales sobre repatriaciones.
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