La situación del transporte privado en Camagüey ha generado inquietud y debate tras una reunión convocada por autoridades provinciales en la que se solicitó a propietarios de triciclos eléctricos apoyar servicios públicos afectados por la actual crisis de combustible que atraviesa el país.
Según participantes en el encuentro, la propuesta contempla que estos transportistas colaboren en tareas consideradas sensibles, como traslados médicos, apoyo logístico en servicios funerarios y distribución de productos básicos destinados a la población infantil. Aunque no se anunciaron medidas coercitivas explícitas, algunos conductores expresan preocupación por posibles consecuencias administrativas si deciden no participar.
El malestar entre parte del sector se refleja en testimonios que circulan en redes sociales. Uno de los transportistas consultados resumió la percepción de contradicción que sienten algunos trabajadores privados: “Es increíble la contradicción: nos persiguen como si fuéramos delincuentes, nos multan por trabajar y ahora esperan que usemos nuestros vehículos y recursos para salvar sus servicios ineficientes”, afirmó bajo condición de anonimato.
Varios choferes señalan que las multas y regulaciones han sido frecuentes en los últimos años, lo que —según sostienen— ha complicado su sostenibilidad económica. En ese contexto, consideran que la solicitud actual llega en un momento particularmente complejo para el sector.
La situación refleja los desafíos que enfrenta el sistema de transporte en Cuba en medio de la escasez de combustible y limitaciones logísticas. Analistas apuntan que la cooperación entre el sector estatal y el privado podría ser una vía para aliviar tensiones en servicios esenciales, aunque advierten que la efectividad de estas iniciativas dependerá del equilibrio entre incentivos, regulación y confianza entre las partes.
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