Un nuevo debate político ha surgido en Cuba luego de que el comunicador oficialista Michel Torres Corona, conductor del programa televisivo “Con Filo”, planteara públicamente la posibilidad de impulsar medidas legales para sancionar lo que denomina “negacionismo del embargo estadounidense” y restringir manifestaciones de apoyo al expresidente Donald Trump dentro de la isla.
La propuesta, difundida en redes sociales y amplificada por medios estatales, sugiere que expresiones como consignas políticas, declaraciones públicas o incluso vestimenta asociada al trumpismo podrían considerarse contrarias a los intereses nacionales si implican respaldo a políticas de presión hacia Cuba. Según el propio comunicador, estas conductas deberían recibir inicialmente sanciones administrativas, aunque no descartó consecuencias más severas para casos que considere reiterados o políticamente sensibles.
Torres estableció además una comparación con normativas europeas que penalizan la negación del Holocausto o la propaganda nazi, argumentando que minimizar el impacto del embargo estadounidense o respaldar a figuras políticas vinculadas a esa política podría interpretarse como una postura perjudicial para el país. Estas declaraciones han provocado reacciones diversas tanto dentro de Cuba como en la diáspora, donde algunos sectores cuestionan el alcance que podrían tener eventuales regulaciones sobre la libertad de expresión política.
El planteamiento surge tras la reciente detención de jóvenes vinculados al proyecto “El 4tico”, un caso que ha generado comentarios y muestras de apoyo en distintos espacios nacionales e internacionales. Aunque no existe confirmación oficial sobre un proyecto legislativo concreto, el episodio ha reactivado el debate sobre pluralidad política, límites del discurso público y control informativo en el contexto actual cubano.
Analistas consideran que estas discusiones se producen en medio de una compleja situación económica y social, donde el discurso político adquiere mayor sensibilidad. Para algunos observadores, iniciativas de este tipo podrían interpretarse como intentos de reforzar el control narrativo; otros sostienen que forman parte del debate interno sobre soberanía política y comunicación estratégica.
Por ahora, no se ha anunciado ninguna legislación específica, pero el tema continúa generando atención debido a sus posibles implicaciones para el clima político, la expresión ciudadana y la relación entre Cuba y Estados Unidos.
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