Las autoridades cubanas anunciaron nuevas medidas para la comercialización de combustible en el país, en un contexto marcado por la persistente crisis energética y las limitaciones en el suministro. Entre las disposiciones más comentadas destaca la venta de gasolina únicamente en divisas y la suspensión de la comercialización de diésel a la población, decisiones que reflejan el complejo panorama económico y logístico que atraviesa la isla.
Según la información difundida oficialmente, la gasolina de alto octanaje se ofrecerá exclusivamente en dólares y mediante un sistema digital de turnos gestionado a través de una aplicación móvil. Este mecanismo busca organizar la demanda ante la escasez, aunque en la práctica introduce nuevas barreras para quienes no tienen acceso estable a divisas o conectividad digital.
El diésel, por su parte, quedaría reservado a sectores considerados estratégicos, incluyendo transporte estatal, servicios esenciales y determinadas actividades productivas. Esta decisión podría tener efectos directos sobre el transporte privado, la movilidad interprovincial y la distribución de bienes, áreas ya afectadas por limitaciones energéticas recurrentes.
El sistema de asignación anunciado contempla listas de espera virtuales y límites de compra, generalmente de hasta 20 litros por turno, con plazos estrictos para efectuar la adquisición una vez notificado el usuario. Analistas consideran que este esquema intenta administrar una escasez estructural más que resolverla, mientras crecen las inquietudes sobre su impacto en la economía cotidiana.
En términos sociales, la medida podría ampliar las diferencias entre quienes reciben remesas o ingresos en moneda fuerte y quienes dependen exclusivamente del salario en moneda nacional. Esa brecha, ya visible en otros sectores, tiende a profundizarse cuando bienes básicos pasan a comercializarse prioritariamente en divisas.
Diversos economistas señalan que la crisis energética en Cuba responde a múltiples factores: deterioro de la infraestructura, dificultades financieras para importar combustible, reducción de apoyos externos y problemas estructurales acumulados durante años. En ese contexto, las restricciones actuales aparecen como una estrategia de contingencia, aunque sin señales claras de solución a corto plazo.
La evolución de estas medidas y su efecto sobre el transporte, la actividad económica y la vida cotidiana serán indicadores clave para evaluar la magnitud real de la crisis energética que enfrenta el país.
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