Estados Unidos ha transmitido a varios países del Caribe una instrucción directa para que interrumpan los vínculos educativos con Cuba, en particular aquellos que permiten el envío de estudiantes a la isla para formarse en medicina y otras carreras, de acuerdo con declaraciones del primer ministro de Philip Pierre, jefe de Gobierno de Santa Lucía.
Según explicó el mandatario, la comunicación de Washington se produce en un contexto de revisión de los programas de cooperación impulsados desde La Habana, especialmente los relacionados con la formación y el despliegue internacional de profesionales de la salud. Autoridades estadounidenses han advertido que los países que mantengan este tipo de acuerdos podrían enfrentar restricciones migratorias, incluidas cancelaciones de visados, así como otras medidas de carácter diplomático.
El caso de Santa Lucía refleja un dilema compartido en la región. Durante décadas, numerosos países caribeños recurrieron a Cuba como alternativa para la formación de médicos y especialistas, ante la falta de infraestructura educativa propia. Sin embargo, Washington sostiene que el modelo cubano de cooperación médica y educativa presenta irregularidades estructurales, en particular en lo relativo a las condiciones laborales y a la administración de los salarios de los profesionales enviados al extranjero.
Desde la óptica estadounidense, estos esquemas implican retenciones salariales significativas por parte del Estado cubano, una práctica que ha sido señalada como incompatible con estándares laborales internacionales. Este argumento ha sido reiterado en foros diplomáticos y ha servido de base para la presión ejercida sobre gobiernos de la región.
En los últimos meses, varios países caribeños han comenzado a revisar o ajustar su relación con estos programas. Gobiernos como los de Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda han reconocido públicamente cambios en sus esquemas de cooperación, en parte para evitar posibles sanciones y preservar sus relaciones con Estados Unidos.
La situación pone de relieve las tensiones crecientes entre necesidades prácticas de los sistemas de salud caribeños y la presión internacional para modificar un modelo de cooperación que enfrenta cuestionamientos. Mientras algunos líderes regionales defienden estos acuerdos por razones históricas y de capacidad, otros admiten que el escenario actual obliga a buscar alternativas sostenibles que garanticen formación profesional y respeto a los derechos laborales, sin exponerse a consecuencias diplomáticas.
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