Cuba es responsable directa e ineludible de la integridad física, la seguridad y la libertad de movimiento del encargado de negocios de los Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, conforme a las obligaciones que impone el derecho internacional y, en particular, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Los actos de repudio orquestadosen su contra no solo tensan la relación bilateral, sino que colocan al Estado cubano en una posición de riesgo diplomático deliberado.
Fuentes diplomáticas señalan que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha transmitido de forma clara que cualquier daño, agresión o incidente contra su representante en La Habana tendrá consecuencias severas. Washington ha dejado establecido que será implacable si algo ocurre a su encargado de negocios, subrayando que la responsabilidad recaerá exclusivamente sobre las autoridades cubanas, tanto por acción como por omisión.
Los episodios recientes de hostigamiento verbal, presentados por la narrativa oficial como “reacciones populares”, responden a un guion repetido: movilización selectiva, consignas agresivas y escenificación del conflicto. Se trata de una práctica poco diplomática, impropia de un Estado que afirma respetar las normas internacionales, y que sustituye el diálogo por la intimidación simbólica.
El trasfondo es revelador. En medio de una crisis económica estructural, apagones prolongados, escasez de alimentos y deterioro de los servicios básicos, la presencia del encargado de negocios ofrecía a La Habana una ventana para el intercambio diplomático y la desescalada. En lugar de aprovecharla, el Estado optó por lo de siempre: atacar como fiera herida, cerrar filas y convertir la confrontación en espectáculo.
Este comportamiento no fortalece la posición de Cuba; la debilita. En términos internacionales, expone falta de control, ausencia de profesionalismo diplomático y una peligrosa disposición a tensionar la seguridad de un representante extranjero. En términos políticos, proyecta desesperación, no firmeza.
El contraste con la realidad social es notable. Mientras se organizan actos de repudio, numerosos ciudadanos se acercan al encargado de negocios con respeto y disposición a dialogar, para contarle directamente la situación que vive el país y expresar aspiraciones de cambio. Esa diferencia entre la puesta en escena oficial y el comportamiento ciudadano desnuda la brecha entre el discurso del poder y la sociedad.
La “delgada línea roja” ya está trazada. Cruzarla significaría asumir un costo internacional que Cuba difícilmente puede permitirse. La diplomacia no es un gesto de debilidad; es un mecanismo de supervivencia política. Ignorarlo, en el actual contexto, sería una apuesta imprudente.
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