La reciente difusión de imágenes en las que un busto de José Martí aparece intervenido con pintura en los labios ha provocado una oleada de críticas y rechazo en sectores de la sociedad cubana, que consideran el hecho una falta de respeto a uno de los símbolos fundacionales de la nación y una muestra del doble rasero oficial en el tratamiento de expresiones públicas sensibles.
El acto ha sido atribuido al activista chileno Víctor Hugo Robles, conocido por su performance político-artística y su cercanía a círculos oficiales en Cuba. La intervención —presentada por sus defensores como una acción simbólica— ha sido interpretada por numerosos ciudadanos como una profanación que trivializa la figura del Apóstol y la reduce a un recurso ideológico coyuntural.
Las críticas no se limitan al hecho en sí, sino al contexto político que lo rodea. Para muchos observadores, la reacción —o la ausencia de ella— por parte de las autoridades revela una tolerancia selectiva: acciones similares realizadas por ciudadanos sin respaldo político suelen derivar en sanciones inmediatas, mientras que en este caso no se ha informado de medidas ni de pronunciamientos institucionales claros.
El episodio ha reavivado el debate sobre los límites del activismo performativo cuando se emplean símbolos nacionalesque, por su peso histórico y cultural, trascienden cualquier causa particular. José Martí es una figura transversal en la identidad cubana; su instrumentalización, advierten críticos, polariza y erosiona el consenso cívico mínimo que su legado representa.
Asimismo, voces desde la sociedad civil señalan que el problema no es la libertad de expresión, sino la asimetría en su aplicación. En un país donde el espacio público está fuertemente regulado, permitir intervenciones de alto impacto simbólico solo a actores alineados con el poder refuerza la percepción de impunidad y arbitrariedad.
Hasta el momento, no existe una explicación oficial sobre quién autorizó la intervención, bajo qué criterios se permitió, ni si se evaluó su impacto patrimonial y social. Esa opacidad alimenta el malestar y consolida la idea de que los símbolos nacionales se administran según conveniencias políticas, no bajo normas comunes.
El caso deja una pregunta abierta y de fondo: ¿son los símbolos de la nación patrimonio de todos o herramientas de propaganda para unos pocos? Mientras no haya reglas claras y un trato equitativo, episodios como este seguirán profundizando la fractura entre el discurso oficial y el sentir ciudadano.
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