Un nuevo episodio protagonizado por un agente de la Policía en Camagüey ha generado una fuerte reacción de rechazo en redes sociales y entre ciudadanos de la provincia, luego de que se difundiera un video relacionado con una detención de tránsito y, posteriormente, una publicación considerada ofensiva hacia el detenido.
Según los hechos divulgados por el propio afectado y por usuarios que han compartido el material, el incidente ocurrió cuando un transeúnte que se desplazaba en una motocicleta fue detenido por un agente bajo el argumento de que estaba manejando mientras veía videos en su teléfono móvil. El ciudadano respondió que no estaba consumiendo contenido audiovisual, sino grabando con una cámara tipo GoPro instalada en el casco, una práctica habitual entre motoristas.
Tras la discusión, el transeúnte publicó en redes sociales el video del intercambio con el agente. De acuerdo con múltiples denuncias posteriores, el mismo policía acudió después a detenerlo y, más grave aún, difundió en redes sociales una imagen del ciudadano detenido, acompañada de un texto con expresiones vejatorias y denigrantes, en las que se burlaba de su estado emocional durante la detención.
La publicación, ampliamente replicada antes de ser retirada, ha sido calificada por numerosos usuarios como una falta grave de profesionalidad, además de una posible violación de derechos básicos, al exponer públicamente a un ciudadano bajo custodia y utilizar un lenguaje ofensivo incompatible con la función policial.
El caso ha reavivado el debate sobre la impunidad, la falta de control interno y la preparación profesional de los cuerpos policiales en Cuba, especialmente en los últimos años. Comentarios de ciudadanos señalan que, más allá del motivo inicial de la detención, el comportamiento posterior del agente —particularmente el uso de redes sociales para ridiculizar a un detenido— representa una línea que no debería cruzarse bajo ninguna circunstancia.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente de acciones disciplinarias por parte de la delegación del Ministerio del Interior en Camagüey ni de una investigación oficial sobre lo ocurrido. Esta ausencia de pronunciamiento ha incrementado la indignación, con llamados a que se adopten medidas claras y ejemplarizantes y a que se garantice el respeto a los ciudadanos, independientemente del contexto.
El episodio se suma a una creciente lista de denuncias sobre abusos de autoridad, trato inadecuado y deficiencias en la actuación policial, en un escenario social marcado por tensiones económicas, malestar ciudadano y una relación cada vez más frágil entre la población y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
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