El Gobierno de España anunció que aprobará en los próximos días una regularización extraordinaria que podría beneficiar a más de medio millón de personas extranjeras que ya residen en el país. La iniciativa, que será presentada en el Consejo de Ministros, marca un giro significativo en la política migratoria española en un momento en que gran parte de la Unión Europea avanza hacia posiciones más restrictivas.
Según lo adelantado por el Ejecutivo, podrán acogerse a la medida quienes demuestren haber estado en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales y acrediten una estancia continuada mínima de varios meses en el momento de presentar la solicitud. El objetivo declarado es ordenar situaciones administrativas prolongadas, reducir la presión sobre los servicios de extranjería y facilitar la integración social y laboral de personas que ya forman parte del tejido económico del país.
La decisión española contrasta con la tendencia dominante en Europa, donde el endurecimiento de las políticas migratorias ha ganado terreno, impulsado tanto por la presión electoral de fuerzas nacionalistas como por la gestión de flujos migratorios irregulares. No obstante, el caso español no es aislado en el marco histórico reciente del continente.
En Italia, por ejemplo, se aplicó una regularización amplia en 2020, centrada en sectores como la agricultura y el cuidado doméstico, mientras que en Portugal se optó ese mismo año por una legalización temporal para garantizar el acceso a servicios básicos durante la pandemia. Grecia también aprobó en 2023 permisos de residencia y trabajo para cubrir déficits de mano de obra, y Alemania puso en marcha un programa limitado de regularización para personas en situación administrativa irregular prolongada.
Por el contrario, países como Francia y Bélgica han reforzado en los últimos años un enfoque más restrictivo, priorizando regularizaciones caso por caso y reduciendo el alcance de medidas colectivas, incluso tras episodios de fuerte presión social y judicial.
El Ejecutivo español defiende que la regularización no constituye un incentivo a la migración irregular, sino una respuesta pragmática a una realidad ya existente. Sus detractores, en cambio, advierten de un posible efecto llamada y cuestionan la capacidad administrativa del Estado para gestionar un proceso de tal magnitud.
Más allá del debate interno, la iniciativa sitúa a España a contracorriente del clima político europeo actual, reabriendo una discusión de fondo sobre el equilibrio entre control migratorio, derechos humanos y necesidades económicas, en un continente cada vez más dividido sobre cómo abordar el fenómeno migratorio.
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