La presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la convocatoria de una consulta popular para el próximo 8 de marzo, en la que los ciudadanos podrán elegir proyectos vinculados a la producción, la infraestructura y la mejora de servicios públicos esenciales como agua, electricidad y transporte. La iniciativa se presenta como un mecanismo de participación para priorizar obras y programas en comunidades y territorios.
Según lo informado por las autoridades, la consulta permitirá canalizar propuestas orientadas tanto a fortalecer capacidades productivas locales como a atender carencias acumuladas en servicios básicos, en un contexto de restricciones financieras y deterioro de la infraestructura pública.
En paralelo, el Ejecutivo confirmó que la Asamblea Nacional iniciará el debate de una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el objetivo declarado de atraer inversión, aumentar los ingresos y reforzar la seguridad jurídica del sector energético. El planteamiento apunta a introducir ajustes regulatorios que faciliten la participación de capitales y mejoren las condiciones operativas de la industria.
El anuncio se produce en un contexto de acercamiento energético con Estados Unidos, tras acuerdos de venta de crudoque, de acuerdo con el Gobierno, ya han generado ingresos para el país. Las autoridades vinculan este conjunto de medidas a una estrategia para reactivar la economía en 2026, combinando participación ciudadana, cambios normativos y una mayor inserción en los mercados internacionales.
Observadores señalan que el impacto de estas iniciativas dependerá de su implementación efectiva, del alcance real de la reforma legal y de la capacidad institucional para ofrecer condiciones estables y previsibles, así como de mejoras concretas en la prestación de servicios que incidan directamente en la vida cotidiana de la población.
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