A partir del 21 de enero de 2026, los ciudadanos cubanos que soliciten visas de no inmigrante tipo B1 (negocios) o B2 (turismo) deberán depositar una fianza de entre 5.000 y 15.000 dólares, como parte de una política migratoria reforzada por el gobierno de Estados Unidos para garantizar el retorno de los solicitantes a sus países de origen.
La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, se enmarca en una expansión del programa de fianzas a 38 países, entre los que también figuran Venezuela, Nigeria, Bangladesh, Senegal, Dominica, entre otros. La intención declarada es reducir la tasa de permanencia ilegal de quienes ingresan con visas temporales y permanecen más allá del tiempo autorizado.
El monto específico de la fianza será determinado por el oficial consular durante la entrevista. Esta suma será reembolsable si el solicitante cumple con todas las condiciones de su visa, incluyendo la salida del país dentro del plazo establecido. En caso de violación, el dinero será retenido por las autoridades estadounidenses.
Además, los beneficiarios de este tipo de visado deberán ingresar y salir exclusivamente por aeropuertos internacionales específicos, como el John F. Kennedy de Nueva York, el Logan de Boston o el Washington Dulles, como requisito adicional para poder recuperar la fianza.
Esta disposición ha generado preocupación entre diversos sectores migratorios y defensores de derechos humanos, ya que impone una carga financiera significativa a ciudadanos de países con niveles de ingresos bajos o restricciones de divisas, como es el caso de Cuba. La exigencia podría limitar drásticamente el acceso a visas de turismo o negocios para miles de cubanos interesados en viajar legalmente a Estados Unidos.
Actualmente, la Embajada de Estados Unidos en La Habana no procesa visas de no inmigrante, por lo que los solicitantes deben acudir a sedes consulares en terceros países como México, Guyana, Panamá o República Dominicana, lo que incrementa aún más los costos y dificultades del proceso.
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