La madrugada del 1 de enero marcó un inicio de año oscuro en el país con el reporte del primer caso de asesinato de una mujer en contexto de violencia de género, un hecho ocurrido en el Reparto Altamira, en Santiago de Cuba, que ha sacudido a la comunidad y reaviva un debate necesario sobre protección, prevención y atención institucional.
La víctima, identificada como Yuleidis Sánchez Rodríguez, de 43 años, era madre de tres hijos —dos niñas y un adolescente de 14 años—, quienes quedan ahora en una situación de vulnerabilidad familiar y emocional difícil de dimensionar. Según las primeras informaciones aportadas por fuentes independientes, Yuleidis fue sorprendida en plena vía cuando se disponía a trasladar alimentos a familiares durante horas de la madrugada. Su agresor habría actuado de forma planificada, atacándola con un arma blanca y causándole dos heridas mortales, una de ellas en el cuello.
El crimen se produjo en las inmediaciones de la Carretera Turística del reparto Altamira, cerca del antiguo Motel “La Turbina”, actualmente conocido como “Bella Vista”, un inmueble hoy ocupado por personal militar. Vecinos han señalado que la mujer había puesto término a una relación previa marcada por amenazas y episodios de hostigamiento, lo cual revela que el suceso no se trató de una reacción espontánea, sino del punto final de una situación de riesgo que —según testimonios locales— no habría contado con respuestas institucionales suficientes para garantizar su seguridad.
El principal sospechoso es Neudis Callis Cureaux, quien cumplirá 44 años en el mes de febrero. De acuerdo con residentes de la zona, se trata de una persona con historial delictivo y antecedente de conductas violentas, incluso rechazado dentro de su propio entorno familiar. Al cierre de esta información, permanece prófugo y se desconocen acciones oficializadas respecto a su localización y captura.
Este hecho reabre un tema pendiente en la agenda nacional: el tratamiento, prevención y visibilización de la violencia contra la mujer, así como la ausencia de una ley integral específica y mecanismos de protección accesibles para mujeres que denuncian amenazas persistentes. Resulta imposible ignorar el peso social y emocional que casos como este dejan sobre las comunidades, pues no solo se apaga una vida, sino que se fracturan familias y se interrumpe el futuro de menores que deben enfrentar la pérdida en condiciones de precariedad.
El inicio del año debería haber sido un espacio de celebración familiar y tranquilidad, pero en Altamira solo existe silencio, miedo y dolor. La muerte de Yuleidis no puede quedar como un número estadístico. Exige investigación, atención integral para sus hijos, y sobre todo, reflexión acerca de la urgencia de políticas eficaces para impedir que hechos similares continúen repitiéndose sin que exista un marco de protección real para quienes viven bajo amenaza.
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