En medio de la prolongada crisis económica que atraviesa Cuba, se han multiplicado en redes sociales y espacios comunitarios las denuncias sobre operativos de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) contra vendedores ambulantes y personas que participan en la economía informal. Los videos y testimonios difundidos muestran decomisos de mercancías que, para muchos ciudadanos, representan su única vía de subsistencia ante la insuficiencia de salarios y pensiones.
Quienes se dedican a estas actividades suelen ser jubilados con ingresos muy limitados, trabajadores estatales cuyos salarios no cubren las necesidades básicas, o familias que recurren a la reventa de alimentos, ropa o artículos domésticos para poder sostenerse. En ese contexto, los decomisos generan un impacto inmediato y severo: la pérdida total del capital invertido y, en muchos casos, la imposibilidad de reponerse económicamente.
Las autoridades justifican estas acciones como parte de la lucha contra el acaparamiento y las actividades económicas no autorizadas, un discurso que ha sido reiterado en medios oficiales. Sin embargo, para una parte creciente de la población, existe una brecha evidente entre ese argumento y la realidad cotidiana, marcada por escasez estructural, mercados desabastecidos y una inflación que reduce de forma constante el poder adquisitivo.
Diversos ciudadanos señalan que estos operativos se realizan con excesiva dureza, sin valorar las circunstancias sociales de quienes resultan afectados. Aunque no todos los casos son iguales, y la aplicación de la ley forma parte de las funciones del orden público, la percepción extendida es que el peso de las medidas recae de manera desproporcionada sobre los sectores más vulnerables, mientras los problemas de fondo de la economía permanecen sin solución.
Desde una perspectiva social, el fenómeno plantea interrogantes de fondo: ¿hasta qué punto es sostenible un enfoque estrictamente represivo en un contexto donde amplios sectores dependen de la economía informal para sobrevivir? ¿Existe margen para respuestas regulatorias más flexibles, que reconozcan la realidad económica sin renunciar al orden legal?
Más allá del debate político, lo cierto es que cada decomiso no solo implica la pérdida de bienes materiales, sino también un golpe directo a la estabilidad familiar y a la dignidad de personas que buscan, por vías informales, cubrir necesidades elementales como la alimentación. La tensión entre control estatal y supervivencia cotidiana se ha convertido así en uno de los rasgos más visibles del momento actual en la isla.
El desafío para las autoridades, señalan analistas y ciudadanos, no reside únicamente en hacer cumplir la ley, sino en reconstruir un marco económico que reduzca la dependencia de estas prácticas y ofrezca alternativas reales de sustento. Mientras eso no ocurra, los operativos policiales seguirán siendo percibidos por muchos como un símbolo de desconexión entre las políticas públicas y la dura realidad que enfrentan millones de cubanos a diario.
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