La comunidad cubana del sur de Florida atraviesa uno de los momentos de mayor tensión política de los últimos años. Las recientes medidas migratorias implementadas por la administración del presidente Donald Trump —que incluyen la suspensión indefinida de solicitudes de inmigración, asilo y programas humanitarios para cubanos, haitianos y venezolanos— han provocado un estallido de indignación entre miles de exiliados que sienten que las políticas diseñadas para presionar a La Habana terminan golpeando exclusivamente a quienes huyeron de ella.
El descontento no se dirige únicamente a la Casa Blanca. En Miami-Dade, gran parte de la frustración recae sobre los congresistas cubanoamericanos del sur de Florida, a quienes muchos acusan de no defender a sus votantes en un momento crítico. “Estas medidas no afectan al gobierno cubano; afectan a nuestras familias, a los que nos sacrificamos para empezar de cero aquí”, protestó María Elena López, residente de Hialeah y exiliada de La Habana desde hace 15 años.
El endurecimiento de la postura de Trump hacia Cuba se intensificó tras su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025. A mediados de año reinstauró restricciones financieras, turísticas y de remesas, y el 3 de diciembre firmó una orden ejecutiva que congela todas las solicitudes de inmigración y asilo para ciudadanos de 19 países considerados “de alto riesgo”. El golpe más fuerte lo reciben los más de 300.000 cubanos que dependían del Estatus de Protección Temporal, del parole humanitario o de solicitudes de residencia pendientes.
Economistas y organizaciones de derechos de los migrantes señalan que estas políticas profundizan la crisis humanitaria que enfrentan miles de familias, tanto en Cuba como en Estados Unidos. Aunque las remesas representan una parte importante del ingreso familiar en la isla, su restricción afecta también a los propios remitentes, que utilizan estos envíos como mecanismo de apoyo a familiares vulnerables.
Pero el mayor foco de indignación se dirige contra los representantes Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Giménez. Diversos sectores de la comunidad consideran que han respaldado sin reservas las medidas de la administración Trump, aun cuando estas perjudican directamente a sus votantes. En Miami-Dade se multiplican las vallas publicitarias con críticas directas hacia ellos, financiadas por donantes cubanoamericanos que dicen sentirse abandonados por quienes, en teoría, debían representarlos.
Salazar defendió públicamente su postura señalando que ha enfrentado “batallas políticas” para lograr cambios, pero no ha promovido legislación que exima a los cubanos de las nuevas restricciones, lo que ha intensificado las protestas. Díaz-Balart y Giménez tampoco han respondido al creciente malestar, mientras líderes comunitarios cuestionan que insistan en discursos de seguridad mientras familias enteras quedan expuestas a deportaciones o procesos migratorios congelados.
La indignación se refleja también en redes sociales, donde activistas, artistas y votantes habituales del Partido Republicano expresan su desilusión. Algunos, incluso, reconocen sentirse engañados tras haber apoyado políticas de mano dura que ahora se vuelven contra los propios exiliados. En protestas recientes en Little Havana y Hialeah, participantes corearon consignas contra nuevas restricciones que consideran “injustas, ineficaces y dirigidas a las personas equivocadas”.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil recogen firmas y analizan acciones legales para solicitar exenciones o frenar la implementación de medidas consideradas discriminatorias. Otros evalúan su impacto electoral. La comunidad cubana en Florida ha sido históricamente un bloque político influyente; hoy, sin embargo, enfrenta la posibilidad de una fractura interna marcada por el desencanto y la sensación de abandono.
Muchos se preguntan si esta crisis reconfigurará el mapa político del exilio o si los congresistas del sur de Florida replantearán su postura ante la presión creciente de sus propios votantes. Por ahora, la incertidumbre domina a una comunidad que se siente directamente afectada por decisiones tomadas sin considerar sus realidades más urgentes.
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