La detención de Mayelín Morales, directora de la Dirección Municipal de Comunales en Camagüey, ha desatado una profunda indignación entre vecinos y trabajadores del sector, luego de revelarse un presunto entramado de corrupción, negligencia administrativa y enriquecimiento ilícito que, según denuncias ciudadanas, llevaba años operando bajo la sombra de influencias internas.
Las primeras alertas surgieron tras múltiples quejas sobre el grave deterioro del Cementerio de Camagüey y las irregularidades que rodean a los servicios funerarios. El caso tomó mayor fuerza cuando la página La Tijera divulgó denuncias que apuntan directamente a Morales como responsable de la venta ilegal de vehículos pertenecientes a Comunales, los cuales habrían sido desarmados y revendidos por piezas dentro de redes de contrabando local.
Investigaciones preliminares también señalan la presunta sustracción sistemática de gas licuado y petróleo del crematorio, recursos destinados al servicio público y que habrían terminado desviados al mercado negro. Trabajadores del sector, bajo anonimato, indican que estas prácticas no comenzaron en Camagüey: aseguran que Morales ya enfrentaba señalamientos similares durante su etapa como administradora en Jimaguayú.
Uno de los elementos más delicados es la supuesta implicación —por acción u omisión— de su esposo, Yunier Quesada, jefe de la Fiscalía en Jimaguayú. Testimonios citados en redes aseguran que Quesada conocía las irregularidades y habría contribuido a encubrir los hechos, otorgando a Morales una amplia libertad de actuación.
Durante los años en los que presuntamente operó la red de corrupción, la pareja construyó una vivienda de lujo en la zona conocida como La Cochiquera, que luego vendieron para adquirir otra aún más ostentosa frente al edificio 12 de la misma comunidad.
Mientras Morales permanece detenida, diversas fuentes señalan que Quesada estaría utilizando sus influencias en la Fiscalía Provincial para interferir en el proceso y buscar su liberación, un extremo que genera preocupación ante la posibilidad de que vuelva a repetirse el ciclo de impunidad.
La ciudadanía camagüeyana, cansada de escándalos que afectan directamente servicios esenciales, se pregunta una vez más cómo figuras con antecedentes y señalamientos repetidos pueden ocupar cargos de tanta responsabilidad sin una supervisión efectiva.
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