Fuentes cercanas al caso confirmaron nuevos elementos sobre el proceso judicial que enfrenta Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación de Cuba, acusado de malversación, lavado de activos y espionaje. La Fiscalía habría solicitado una pena de 30 años de prisión para Gil y sanciones de hasta 15 años para otros implicados, entre ellos un diputado de la Asamblea Nacional y un dirigente del Partido Comunista de Cuba (PCC).
El proceso, que involucra a una veintena de imputados, se desarrolla bajo estricto hermetismo institucional. De acuerdo con la información disponible, algunos acusados se encuentran bajo medidas cautelares, mientras otros permanecen recluidos de forma preventiva. Alejandro Gil estaría retenido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, en un área destinada a casos clasificados de “seguridad del Estado”.
Diversas fuentes apuntan a que el juicio podría celebrarse a puertas cerradas, dado que entre los cargos figura el de espionaje, considerado uno de los más graves del Código Penal cubano y que, según la legislación vigente, puede conllevar penas extremas. La inclusión de este delito habría sido uno de los motivos para restringir la publicidad del proceso judicial.
En medio de este contexto, Laura María Gil González, hija del exministro, ha exigido a través de sus redes sociales la transparencia del juicio y su transmisión pública por medios nacionales e internacionales. En sus declaraciones, afirma que su padre “no admitirá cargos que no puedan demostrarse” y ha denunciado la existencia de una campaña de desprestigio.
También se ha pronunciado María Victoria Gil, hermana del exministro y abogada de profesión, quien ha expresado dudas sobre la consistencia de la acusación de espionaje, calificándola de una “justificación para mantener el caso bajo reserva”. Ambas familiares insisten en la necesidad de un proceso público con supervisión de la prensa internacional.
Alejandro Gil fue separado de su cargo en febrero de 2024, tras haber ocupado funciones clave en el aparato económico del país, incluyendo su papel en la “Tarea Ordenamiento”, un proyecto de reestructuración financiera que generó amplias críticas por su impacto inflacionario y el deterioro del poder adquisitivo.
Con el inicio del juicio cada vez más cercano, el caso de Alejandro Gil se perfila como uno de los procesos judiciales más significativos de los últimos años en Cuba, tanto por la relevancia del acusado como por las implicaciones políticas y económicas que rodean su caída.
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