El ciudadano cubano Roberto Mosquera del Peral, deportado por Estados Unidos al pequeño reino africano de Esuatiniel pasado mes de julio, se encuentra en huelga de hambre en una prisión de máxima seguridad, según denunció su abogada, Alma David, radicada en Estados Unidos.
Mosquera forma parte de un grupo de cinco hombres deportados por el gobierno estadounidense hacia África bajo el denominado programa de deportación a terceros países, una política impulsada durante la administración del presidente Donald Trump. Este mecanismo ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos que advierten sobre falta de debido proceso, detenciones arbitrarias y riesgos de abusos para los deportados.
Según la abogada, Mosquera lleva más de tres meses retenido sin cargos formales y sin acceso regular a asesoría jurídica en el Complejo Correccional de Matsapha, situado a las afueras de Mbabane, capital administrativa de Esuatini.
En un comunicado enviado a la agencia Associated Press, David señaló que su cliente lleva una semana en huelga de hambre, y que existen serias preocupaciones sobre su estado de salud.
“Mi cliente está detenido de forma arbitraria, y ahora su vida está en peligro”, afirmó la letrada. “Insto a los Servicios Correccionales de Esuatini a proporcionar una actualización inmediata sobre su estado y garantizar que reciba atención médica adecuada. Exijo que se le permita reunirse con su abogado”.
El grupo deportado incluía ciudadanos de Cuba, Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen. Según las autoridades de Esuatini, los detenidos serían repatriados a sus países de origen, aunque no se ha establecido un plazo para su retorno. Hasta el momento, solo el ciudadano jamaicano ha sido enviado de vuelta a su país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense sostiene que los deportados fueron condenados por delitos graves, entre ellos asesinato y violación, y que se encontraban ilegalmente en territorio estadounidense. Sin embargo, los abogados de los detenidos aseguran que ya cumplieron sus condenas en Estados Unidos y que ahora son retenidos sin justificación legal.
El programa de deportación a terceros países busca enviar a personas consideradas “extranjeros ilegales” a naciones dispuestas a aceptarlas, a cambio de acuerdos económicos. De acuerdo con el grupo Human Rights Watch, Estados Unidos habría ofrecido a Esuatini 5,1 millones de dólares para recibir hasta 160 deportados, y a Ruanda 7,5 millonespor un máximo de 250 personas.
Desde julio, el gobierno estadounidense ha deportado ciudadanos a Sudán del Sur, Ruanda y Ghana, además de Esuatini. Otros diez deportados llegaron este mes al país africano procedentes de Vietnam, Camboya, Filipinas, Cuba, Chad, Etiopía y Congo, y se presume que permanecen en la misma prisión.
Los abogados denuncian que los detenidos no han podido reunirse con sus representantes legales en Esuatini, y que sus llamadas telefónicas a abogados en Estados Unidos son monitoreadas por funcionarios penitenciarios. Diversos grupos cívicos locales también han presentado recursos judiciales para cuestionar la legalidad de mantener a extranjeros detenidos sin cargos.
La abogada David concluyó que la huelga de hambre de Mosquera es “una señal de desesperación” y pidió a los gobiernos de Estados Unidos y Esuatini que asuman “la responsabilidad por las consecuencias humanas de este acuerdo”.
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