Este martes comenzó en el Tribunal Municipal Popular de Bayamo, provincia Granma, el juicio oral contra 16 ciudadanos acusados de participar en los disturbios ocurridos el 17 de marzo de 2024 en la zona norte de esa ciudad.
Según la información oficial, la Fiscalía imputó a los procesados por delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, portación y tenencia ilegal de armas, desobediencia e instigación a delinquir. De ellos, 13 permanecen en prisión provisional, mientras que los tres restantes enfrentan medidas cautelares menos severas, como la obligación de firmar un acta y la prohibición de salida del país.
El proceso se desarrolla de forma parcial, pues solo 15 de los 16 acusados están siendo juzgados en esta primera etapa. Las autoridades judiciales insisten en que se cumplen los trámites previstos en la legislación nacional, garantizando formalmente el derecho a la defensa.
Sin embargo, la situación ha despertado atención dentro y fuera de Cuba. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado en ocasiones anteriores la aplicación de delitos como desacato o desórdenes públicos, señalando que podrían ser utilizados para sancionar manifestaciones de descontento social. En un contexto de crisis económica y escasez generalizada, estos juicios adquieren un peso político y social mayor, al reflejar el malestar ciudadano y la respuesta del Estado frente a la protesta.
La causa de Bayamo se suma a otros procesos judiciales similares ocurridos en distintas provincias, lo que evidencia que el descontento social continúa siendo un tema sensible y de alta vigilancia en el país.
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