La provincia de Santiago de Cuba atraviesa una de las peores crisis hídricas de los últimos diez años, con más de 500,000 habitantes afectados directamente por la falta de acceso al agua potable. Los principales embalses que abastecen la región están prácticamente agotados, lo que ha dejado a comunidades enteras en una situación límite.
Los niveles actuales de almacenamiento reflejan la gravedad del panorama: Charco Mono (8,8%), Gilbert (13%), Parada (16%), Gota Blanca (18,3%) y Chalons (31,4%). Estas cifras muestran que las reservas se encuentran en mínimos históricos, incapaces de sostener el suministro regular.
Las consecuencias en la vida diaria son alarmantes. Familias han pasado más de 30 días sin recibir agua por las redes; vecinos denuncian que deben pagar hasta 400 pesos por apenas 20 litros; mientras tanto, se observan salideros sin reparar en varias calles, un contraste que incrementa la indignación de la población.
De las 106 estaciones de bombeo existentes en la provincia, solo 19 cuentan con equipos de emergencia, lo que reduce drásticamente la capacidad de respuesta ante la sequía. Testimonios como el de residentes en Chicharrones, que afirman no tener agua desde hace cuatro meses, ponen rostro humano a lo que muchos califican como una verdadera emergencia humanitaria silenciosa.
Aunque el discurso oficial evita emplear la palabra “crisis” y recurre a expresiones técnicas, la realidad para cientos de miles de santiagueros es clara: el agua se ha convertido en un lujo inalcanzable. Para sobrevivir, los ciudadanos se ven obligados a cargar cubos, pagar precios abusivos o esperar indefinidamente por un servicio que no llega.
Lo que vive hoy Santiago de Cuba es un recordatorio de la vulnerabilidad de las comunidades ante el cambio climático, la sequía prolongada y la falta de infraestructura adecuada para garantizar un derecho básico: el acceso al agua potable.
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