La líder de Podemos, Ione Belarra, ha lanzado una advertencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicando que «no puede permitirse» continuar con el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el Partido Popular. Esta declaración sigue al informe que revela seguimientos ilegales a diputados de Podemos entre 2015 y 2016, durante el gobierno del PP, según reporta Europa Press.
En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Belarra instó a Sánchez a reconsiderar su postura, rectificar y romper el acuerdo con los populares para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Argumentó que mantener este pacto sería «inaceptable» y enviaría un «mensaje peligroso» que implicaría un respaldo a la «guerra sucia judicial» y al «espionaje a diputados electos».
Belarra subrayó que esta solicitud no se basa únicamente en el informe sobre el rastreo sin amparo judicial a 55 diputados de Podemos entre 2015 y 2016, sino también por el «auténtico vodevil judicial» que está llevando a cabo el juez Juan Carlos Peinado en la causa contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, tras una denuncia de Manos Limpias. El juez incluso amenazó con la posibilidad de detenerla si no acudía a declarar.
La secretaria general de Podemos también comentó que «cualquier demócrata» debería reconocer la amenaza que representa la derecha política y judicial. Añadió que el PSOE debe rectificar y luchar por la regeneración democrática, especialmente después de estos episodios de espionaje.
Cuestionada sobre la posible reacción de Podemos si el PSOE sigue adelante con el acuerdo de renovación del CGPJ con el PP, Belarra respondió que «no contempla esa posibilidad». Aseguró que firmar dicho acuerdo enviaría un mensaje «peligrosísimo a la ciudadanía».
Por su parte, Alianza Verde, un grupo aliado de Podemos, ha exigido que se depuren responsabilidades por el espionaje a diputados de Unidas Podemos por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Entre los espiados figura Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde y exparlamentario, quien sufrió uno de los registros más elevados por parte de la Policía.
La formación ecologista ha calificado el espionaje como un «atentado contra los derechos fundamentales y de la propia democracia» y ha exigido que se investigue y se castigue a los responsables de estas acciones ilegales.
