La tienda privada Todotuti, ubicada en el municipio Diez de Octubre, en La Habana, fue clausurada durante un operativo de inspección realizado por la Dirección Provincial de Comercio, que además impuso una multa de 30 mil pesos a una de sus trabajadoras.
Según el acta levantada, el establecimiento permanecerá cerrado por siete días, con advertencia de que podría iniciarse un proceso por “desobediencia” en caso de incumplir la medida.
Irregularidades señaladas
El operativo se originó tras la denuncia de una vecina que alegó que la tienda no aceptaba pagos por transferencia, una práctica que muchos negocios privados limitan por la falta de confianza en el sistema bancario y las restricciones vinculadas al uso de la Cuenta Bancaria Fiscal (CBF).
Los inspectores también reportaron diferencias en los precios de algunos productos —como el pollo troceado, que se ofertaba a 350 pesos la libra frente al precio oficial de 312— y la comercialización de alimentos vencidos, entre ellos mermeladas y sorbetos.
Otro elemento señalado fue la ausencia de licencia sanitaria y documentos fiscales actualizados, lo que, según el informe, agravó la sanción. La titular del negocio reside en Estados Unidos, aunque no se precisaron más detalles sobre su situación legal en relación con el comercio.
Contexto de mayor presión sobre el sector privado
El caso ocurre en medio de una ola de inspecciones y sanciones contra negocios particulares en distintas provincias, lo que ha generado debate sobre el impacto de estas medidas en la economía cotidiana.
La ONAT ha advertido que los negocios que rechacen pagos por transferencia o incurran en evasión fiscal podrían enfrentar cierres definitivos y procesos judiciales. Solo en 2024, las multas impuestas al sector privado superaron los 600 millones de pesos, en gran parte por presuntas violaciones a los topes de precios.
El cierre temporal de Todotuti se suma a una serie de acciones que, según empresarios consultados de forma extraoficial, aumentan la incertidumbre en un contexto marcado por escasez de productos, inflación y controles estatales más estrictos sobre las formas de gestión no estatal.
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