La reciente aprobación por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular de una reforma constitucional que elimina el límite de 60 años para ser elegido presidente en un primer mandato ha generado una ola de críticas y descontento popular, incluso entre sectores que suelen expresar opiniones moderadas o silenciosas en público. La medida fue adoptada sin convocar un referéndum nacional, lo que ha sido uno de los principales puntos de malestar entre los ciudadanos.
La reforma, impulsada por una propuesta del general de ejército Raúl Castro, modifica el artículo constitucional que hasta ahora establecía un tope de edad para acceder a la presidencia. A partir de su entrada en vigor, bastará con tener más de 35 años, ciudadanía cubana por nacimiento y pleno goce de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, la decisión fue tomada sin ningún mecanismo de participación ciudadana directa, y los 440 diputados presentes votaron a favor de la propuesta de forma unánime.
Una revisión del espacio de comentarios en la página oficial del periódico Granma —órgano del Partido Comunista—, reveló que de 35 opiniones recogidas bajo la publicación oficial sobre la reforma, 34 fueron críticas o abiertamente contrarias a la medida. Esta muestra no solo refleja el descontento, sino también el creciente escepticismo frente a decisiones que afectan directamente la estructura del poder en Cuba y que se adoptan sin participación popular.
Entre los comentarios más recurrentes destacan las críticas por la ausencia de un referéndum y la percepción de que la medida responde a maniobras internas para favorecer la continuidad del poder en manos de figuras cercanas al núcleo histórico de la revolución. Algunos usuarios sugieren que el cambio está pensado para permitir el ascenso de figuras como Gerardo Hernández, actual coordinador de los CDR y miembro del Buró Político, quien recién ha cumplido los 60 años. Otros, en cambio, señalan que la exclusión implícita de Roberto Morales Ojeda —quien aún no alcanza esa edad y había sido considerado potencial sucesor— refleja ajustes internos de última hora en la estrategia sucesoria.
Las comparaciones con etapas autoritarias del pasado, como el intento de reforma constitucional de Gerardo Machado en los años 30, también estuvieron presentes en los debates ciudadanos. “Aferrarse al poder con reformas hechas a medida”, escribió un internauta, mientras otros calificaron el momento como una “burla al concepto de democracia” o una “reforma diseñada por y para los que ya mandan”.
El malestar se agrava por el contexto económico y social del país, marcado por apagones prolongados, inflación, escasez de alimentos y declaraciones oficiales que han generado indignación, como la reciente propuesta de croquetas de plátano como solución alimentaria. “¿Cuándo el Parlamento va a legislar contra los ministros que se ríen del pueblo?”, se preguntó una usuaria con indignación.
En definitiva, más allá del contenido legal de la reforma, lo que ha quedado en evidencia es el creciente desacople entre las decisiones del poder legislativo y la percepción de legitimidad por parte de la ciudadanía, incluso en espacios controlados informativamente por el oficialismo. La falta de consulta popular en un tema tan sensible como la estructura del poder político parece haber profundizado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado.
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