Una demanda federal presentada esta semana alega que los inmigrantes detenidos en el centro conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, están siendo privados de su derecho fundamental a comunicarse con sus abogados. La instalación, que alberga a personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha sido objeto de crecientes críticas por sus condiciones de reclusión y por la falta de garantías procesales básicas.
Según la denuncia de 38 páginas presentada el miércoles, los detenidos en este centro no tienen acceso a visitas legales presenciales ni a medios de comunicación confidencial con sus representantes legales, como llamadas telefónicas o videollamadas, prácticas consideradas estándar en otros centros de detención migratoria o penitenciarias del país. La única vía de comunicación disponible serían llamadas por cobrar, esporádicas y monitoreadas, que no superan los cinco minutos de duración, según la demanda.
Uno de los casos citados es el de Michael Borrego, un ciudadano cubano que fue arrestado en el sur de Florida por violaciones de tránsito vinculadas a su libertad condicional y que, según el expediente, cuenta con una orden final de deportación. Desde el 5 de julio, permanece recluido en “Alligator Alcatraz” sin haber podido reunirse con su abogado de inmigración, lo que afecta su posibilidad de presentar una solicitud de «miedo creíble», procedimiento legal que podría frenar su deportación.
“Están violando sus derechos humanos”, denunció su madre, Yaneisy Fernández Silva, en declaraciones a Telemundo 51. “Su abogado esperó tres horas afuera y no le permitieron el ingreso al centro”.
La abogada Eunice Cho, principal asesora legal de la American Civil Liberties Union (ACLU) y quien lidera el caso, expresó su preocupación por lo que considera un precedente peligroso:
“Este centro representa un nuevo capítulo oscuro en la historia del país. El gobierno no puede encerrar a personas sin permitirles acceso a defensa legal o a presentar solicitudes de liberación ante un tribunal”, subrayó.
A las preocupaciones legales se suman denuncias sobre las condiciones sanitarias y médicas dentro del recinto. La familia de Borrego informó que, tras ser sometido a una intervención quirúrgica en el hospital Kendall HCA Florida, fue devuelto al centro sin recibir los antibióticos prescritos. Además, se encuentra alojado en una tienda de campaña con altas temperaturas y humedad, lo que habría agravado la herida posoperatoria.
La localización de los detenidos también es un obstáculo adicional. Aunque ICE ofrece un sistema en línea para rastrear a personas bajo su custodia, “Alligator Alcatraz” no aparece en la plataforma, lo que dificulta a las familias encontrar a sus seres queridos, como ya han denunciado varias organizaciones.
Hasta el momento, la División de Manejo de Emergencias de Florida no ha emitido comentarios oficiales sobre las acusaciones contenidas en la demanda. El caso podría convertirse en un punto clave en el debate nacional sobre el trato a los inmigrantes y las condiciones de detención bajo las políticas migratorias actuales.
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