A tres meses de que expire el plazo oficial de la Ley de Memoria Democrática (LMD), el Consulado General de España en La Habana ha emitido un comunicado dirigido a los miles de cubanos que esperan iniciar o culminar su solicitud de nacionalidad española. El texto aborda principalmente el estado de las credenciales previamente emitidas, el cambio de sistema digital y los riesgos que han surgido debido a la incertidumbre.
Según reporta Asere Noticias, el Consulado ha comenzado a eliminar gradualmente las credenciales generadas bajo el sistema anterior, lo que ha generado desconcierto entre los solicitantes. En particular, se aclara que aquellas personas que hayan recibido sus credenciales después de abril de 2025 y aún no hayan concretado su cita, podrán hacerlo eventualmente, aunque sin una fecha definida para la activación del nuevo sistema telemático, que aún se encuentra en fase de desarrollo y coordinación desde España.
Esta falta de precisión en los plazos ha generado un contexto de ansiedad creciente y ha incentivado prácticas ilegales. Se ha reportado un aumento significativo del mercado negro relacionado con el proceso de solicitud. Algunos intermediarios han llegado a vender accesos al sistema de citas por hasta 800 euros, mientras que documentos eclesiásticos falsificados, como partidas de bautismo, se comercializan hasta por 3.000 euros en redes clandestinas, aumentando los riesgos legales tanto para compradores como para vendedores.
El 22 de octubre de 2025 es la fecha límite establecida para iniciar los trámites bajo la LMD. No obstante, el reglamento permite que los expedientes puedan ser presentados físicamente más allá de esa fecha, siempre y cuando la solicitud telemática haya sido iniciada antes del cierre del plazo. Esta disposición ofrece cierta flexibilidad, pero la falta de acceso efectivo al sistema digital hace que muchos solicitantes teman no poder cumplir con los requisitos.
Pese a haber incrementado su capacidad de atención semanal en un 27%, el Consulado reconoce que persiste la sobrecarga y el malestar entre los solicitantes. Esto ha motivado que grupos de ciudadanos se organicen en redes sociales para exigir mayor transparencia, enviar cartas colectivas a autoridades españolas y solicitar soluciones urgentes ante un proceso que consideran opaco e ineficiente.
Por su parte, la sede consular ha recomendado a los interesados que se informen exclusivamente a través de su página web oficial y redes sociales, donde se comunicará oportunamente el cierre definitivo del sistema anterior y el inicio del nuevo modelo digital, el cual se espera permita una gestión más eficiente, aunque por el momento sigue sin calendario concreto.
El escenario refleja la creciente presión en torno a una legislación que, si bien fue vista como una oportunidad histórica para miles de descendientes de españoles, enfrenta ahora retos técnicos, organizativos y éticos en su recta final. La situación ha puesto sobre la mesa no solo la urgencia de un nuevo sistema funcional, sino también la necesidad de proteger a los solicitantes de prácticas fraudulentas y de garantizarles un acceso justo y transparente al proceso.
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