Según reporta Europa Press, el Gobierno está considerando emprender acciones legales contra Gabriel Le Senne, presidente del Parlamento Balear y miembro del partido Vox, tras un incidente en el que arrancó una fotografía de Aurora Picornell, figura histórica asesinada durante el franquismo, en un reciente pleno parlamentario. La decisión sobre bajo qué legislación actuar, ya sea la Ley de Memoria Democrática u otra, está pendiente de los informes jurídicos pertinentes.
María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, expresó su consternación ante los medios en los pasillos del Congreso tras una sesión de control al Gobierno, calificando el gesto de Le Senne como «fuera de lugar, incomprensible y cruel». El altercado ocurrió durante un debate sobre la propuesta de Vox para derogar la ley autonómica de Memoria Democrática, momento en el que Le Senne extrajo la foto del ordenador de Mercedes Garrido, vicepresidenta del Parlamento y miembro del PSOE, quien fue expulsada del recinto junto con la diputada socialista Pilar Costa por negarse a retirar dichas imágenes.
Le Senne defendió su acción alegando que no tenía la intención de destruir la imagen y justificó las expulsiones alegando una «actitud provocadora» por parte de las diputadas socialistas. Sin embargo, la respuesta del gobierno no se ha hecho esperar, y según Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, la decisión se basará en los informes de los servicios jurídicos y de la Abogacía del Estado, los cuales están actualmente en evaluación.
Torres tachó la conducta de Le Senne de «lamentable» y «agresiva», criticando su enfoque de liderazgo en la cámara, que debería ser el de moderar los debates en lugar de comportarse como un «hooligan». Asimismo, instó al presidente del Parlamento Balear a que pida perdón y presente su dimisión.
El incidente ha generado un amplio debate sobre la cultura democrática en España, con voces dentro del gobierno que instan a todos los miembros del Congreso a condenar estos actos, que consideran «antidemocráticos y fuera de cualquier ética». Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, también condenó el acto, calificándolo de «reprobable» y un reflejo de una «involución» en la historia democrática del país, alentada por algunos sectores políticos.
