El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este viernes 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia, su ambicioso plan fiscal y presupuestario, apodado por él mismo como la “gran y hermosa ley”. La ceremonia oficial, programada para las 17:00 (hora local), se realizará en un entorno cargado de simbolismo patriótico y con una clara intención de presentar la aprobación como una victoria política clave de su administración.
El proyecto fue aprobado el 1 de julio en el Senado tras semanas de intensas negociaciones, y gracias al voto de desempate del vicepresidente JD Vance. Solo dos legisladores republicanos, Thomas Massie (Kentucky) y Brian Fitzpatrick (Pensilvania), votaron en contra, expresando preocupaciones sobre los efectos de los recortes presupuestarios en programas sociales como Medicaid.
La ley incluye medidas fiscales de gran alcance, ajustes en el gasto federal y nuevas disposiciones migratorias, entre ellas el nuevo impuesto del 1% a las remesas enviadas por no ciudadanos hacia el extranjero, una medida que ya ha generado controversia entre comunidades migrantes, especialmente la cubana.
La Casa Blanca, a través de su portavoz Karoline Leavitt, aseguró que se tratará de una “ceremonia histórica”, en la que se espera la presencia de legisladores aliados, altos funcionarios del gobierno y simpatizantes del mandatario. “Queríamos que esta ley fuera firmada en el cumpleaños de Estados Unidos. Es un triunfo del pueblo, por el pueblo”, dijo Trump en redes sociales, celebrando lo que considera un impulso económico decisivo.
Sin embargo, la firma llega en medio de profundas divisiones políticas, con la oposición demócrata y algunos republicanos moderados advirtiendo sobre el potencial impacto negativo del plan en los sectores más vulnerables, particularmente debido a los recortes en servicios públicos y programas sociales.
La presión ejercida por Trump para que la votación y firma coincidieran con el 4 de julio fue interpretada por muchos como una estrategia de alto valor simbólico, en la que el mandatario busca reforzar su narrativa de fortaleza nacional y disciplina fiscal. Para sus detractores, se trata de una maniobra política orientada a consolidar apoyo de cara a las elecciones legislativas de 2026, en las que estará en juego la mayoría en el Congreso.
Más allá del contenido económico, la ley representa una afirmación de poder del Ejecutivo en un Congreso cada vez más polarizado, donde la disciplina partidista ha sido clave para la supervivencia del plan. La firma de la ley el mismo día en que el país celebra su independencia busca proyectar una imagen de victoria interna y reafirmación de liderazgo.
Mientras tanto, organizaciones sociales y defensoras de migrantes han advertido que el nuevo paquete de reformas podría profundizar la desigualdad y afectar directamente a millones de personas. Analistas señalan que, si bien la medida fortalece la posición del presidente a corto plazo, su impacto social y político se medirá realmente en los meses por venir.
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