Un joven cubano de 23 años, identificado como Narali Arévalo-Casay, fue hallado culpable esta semana por un tribunal federal en El Paso, Texas, tras haber entrado ilegalmente a una zona militar restringida, luego de cruzar el río Bravo desde México.
El caso, ocurrido en una región de alta vigilancia fronteriza, ha generado preocupación entre defensores de migrantes, quienes advierten que muchos solicitantes de asilo desconocen la existencia de zonas prohibidas en su ruta hacia Estados Unidos. Arévalo-Casay fue detenido por autoridades militares y acusado de violar la seguridad de una instalación federal, lo cual constituye un delito federal grave, incluso si no hubo intención maliciosa.
Este juicio se enmarca en un contexto de políticas migratorias endurecidas bajo la administración de Donald Trump, que ha reforzado las consecuencias legales para quienes cruzan la frontera sin autorización, especialmente en zonas de seguridad nacional. La sentencia contra Arévalo-Casay podría implicar varios años de prisión, aunque aún está pendiente de dictarse.
En la comunidad cubana crecen los temores de que este tipo de casos siente precedente judicial para limitar aún más las posibilidades de asilo, en un entorno legal cada vez más restrictivo.
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