Mientras las universidades cubanas viven uno de los momentos de mayor efervescencia estudiantil de los últimos años, crece la preocupación por el trato que reciben jóvenes que han decidido alzar la voz contra el reciente aumento de precios impuesto por ETECSA. En la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, una estudiante denunció públicamente el acoso por parte del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI), calificándolo de injustificado e intimidatorio.
“No quiero a más personas del DTI en mi casa”, afirmó con firmeza la joven durante una reunión con presuntas autoridades académicas. Según relató, agentes del Ministerio del Interior han visitado su vivienda tras su implicación en las protestas por el tarifazo, y ha sido señalada como “cabecilla” y “contrarrevolucionaria”, además de recibir advertencias sobre su futuro profesional. “Es una lástima estudiar seis años para que después ni la especialidad me llegue”, lamentó.
Otro estudiante presente corroboró sus palabras y aseguró que las represalias no se limitan a un solo caso, sino que varios alumnos han sido objeto de campañas de difamación y acusaciones infundadas. “Han dicho que nos pagan desde el exterior para protestar, algo que es absolutamente falso”, denunció.
La intervención más crítica fue quizás la que puso en evidencia la falta de sensibilidad institucional ante el contexto real del país. “¿Qué hace el DTI acosando a estudiantes en sus casas mientras hay tantos problemas reales y tanta delincuencia desbordada en las calles?”, cuestionó la joven, visiblemente afectada. También advirtió sobre el impacto que estos actos pueden tener en el entorno familiar: “Si mi madre sufre un infarto por culpa de estas visitas, ¿quién del DTI se hará responsable?”.
El hecho ocurre en un escenario nacional marcado por la indignación universitaria. Desde la Universidad de La Habana hasta centros en Santa Clara y Camagüey, miles de estudiantes han expresado su rechazo a las nuevas tarifas que restringen las recargas en pesos cubanos y privilegian el uso de divisas extranjeras, profundizando las desigualdades y limitando el acceso a internet.
El movimiento, que nació desde estructuras tradicionales como la FEU, ha tomado una forma descentralizada, más autónoma y contestataria, alimentado por comunicados colectivos, paros simbólicos y cartas abiertas, como la enviada recientemente por egresados de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, donde exigen el cese del hostigamiento y mayor transparencia en las políticas públicas.
La respuesta institucional, sin embargo, parece apuntar más hacia el control que hacia la escucha. La aparición de cuerpos de seguridad como el DTI en entornos estudiantiles es vista por muchos como un signo de desproporción y desorientación política, en un momento en que el país enfrenta escasez de alimentos, apagones prolongados y colapsos en servicios esenciales.
El caso de Las Tunas pone en evidencia lo que muchos consideran una práctica de autosabotaje institucional, donde en vez de construir puentes con el sector juvenil más preparado del país, se responde con intimidación. Mientras el descontento crece, también lo hace la distancia entre quienes toman las decisiones y quienes las padecen.
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